Nuevo golpe a la educación en castellano en el País Vasco. El Gobierno de Íñigo Urkullu ha aprobado este martes con el visto bueno del PSE el anteproyecto de la nueva Ley de Educación, una norma en la que desaparecen los modelos lingüísticos y, por tanto, la posibilidad de estudiar en castellano tanto en colegios públicos como en centros concertados del País Vasco. La norma establece que cada colegio público y concertado tendrá que lograr que todos sus alumnos logren un nivel de B2 de euskera al final de sus estudios.
El consejero de Educación Jokin Bildarratz ha asegurado este martes que la ley se ha redactado con “total fidelidad y lealtad” al pacto educativo firmado hace un año por PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos.
La ley no cita los modelos lingüísticos (A castellano, B bilingüe y D euskera) en ninguno de sus 101 artículos pero estos “no desaparecen” del sistema educativo. Lo que ocurre, ha explicado el consejero, es que los modelos no competen a esta norma sino que están regulados en un decreto de 1983 que desarrolla la Ley del Euskera. “Cada familia va a poder elegir modelo. La única exigencia es que haya un número mínimo para conformar un grupo” de un determinado modelo, ha expuesto.
La diferencia es que a partir de ahora cada centro, tanto público como concertado, deberá desarrollar un “proyecto lingüístico propio” que adapte los modelos a su “ecosistema sociolingüístico”.
B2 en las lenguas oficiales y B1 en Inglés
El objetivo común debe ser que los alumnos logren un nivel B1 en las dos lenguas oficiales al terminar Primaria y un B2 al acabar Secundaria. Además deberán alcanzar un B1 en el idioma extranjero elegido (normalmente inglés) para el final de Secundaria.
Define el sistema educativo vasco “como un sistema multilingüe cuyo eje es el euskera” y señala que las actividades extraescolares deben ir “encaminadas a asegurar el uso ambiental de la lengua vasca”.
Se contempla la creación de un “Instituto para el Aprendizaje del Euskera y de las Lenguas” que se encargará de “capacitar” al profesorado y “fomentar el uso activo del euskera” dentro del “ámbito escolar”, entre otras funciones.
Fin a las cuotas en centros concertados
La norma pretende poner fin a las cuotas en los centros concertados y prevé para ello establecer “mecanismos de control”.
El consejero ha advertido de que los colegios que no cumplan los requisitos de la ley “no podrán ser concertados” y por tanto no recibirán fondos públicos.
Elimina la segregación por sexo, establece mecanismos para evitar la concentración de alumnos vulnerables y se marca el objetivo de “lograr un pacto contra la segregación escolaR”.
Establece la laicidad del Servicio Público Vasco de Educación y limita el número de horas para enseñar religión, al tiempo que “se garantizará que no haya adoctrinamiento”.
El PSE se desmarca tras su aprobación
El proyecto no cuenta con el apoyo total de uno de sus socios, el PSE-EE, que ha condicionado su respaldo a que se corrijan varios de los aspectos del texto.
Jokin Bildarratz había asegurado que el Gobierno al completo, es decir, los consejeros del PNV y del PSE, respaldan el texto. Sin embargo, tras la presentación de la norma, los socialistas vascos han advertido de que no responde a todos los objetivos marcados por este partido.
El PSE ha reconocido que el proyecto ha contado con el voto favorable de los consejeros socialistas para no “obstaculizar” su tramitación ni la búsqueda de consensos más amplios. Pero ha dejado claro que para que cuente con su apoyo “deberá resolver determinados aspectos”.
Ha argumentado que la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (Cojua) plantea varias objeciones jurídicas al texto que “no han sido suficientemente atendidas” por el Departamento de Educación.
La Cojua, según el PSE, aunque no lo señala expresamente, entiende que el proyecto cambia el sistema de modelos lingüísticos vigente por “un modelo único”, sin más criterios ni precisiones que las que se deriven del proyecto de centro.
“El PSE no comparte que puedan relegarse los modelos lingüísticos actuales, amparados legalmente por un consenso político muy amplio”, subraya.
Desde el PNV, la parlamentaria Leixuri Arrizabalaga ha defendido que el proyecto “recoge tanto el contenido como el espíritu” del pacto educativo alcanzado hace un año. Ha pedido a los grupos que “arrimen el hombro” y propongan “posibles mejoras”.