De la confesión de Corinna a las regatas de Sanxenxo: tres años de alboroto judicial y político en torno a la figura del Rey emérito
Juan Carlos I regresa a España tras 22 meses de exilio en Abu Dabi, libre de las causas abiertas en España y Suiza y solo pendiente de una querella en Londres; la denuncia por acoso que interpuso contra él Corina Larsen, su 'amiga especial', cuya confesión en diciembre de 2018 provocó la salida de España del 'Rey de la Transición' a Emiratos Árabes y dió inicio a un período de instrumentalización política de su figura y de la institución que en su día representó.
Todo comenzó con la confesión de Corinna Larsen y no parece que se vaya a acabar en las regatas de Sanxenxo. La polvareda política y judicial ha acompañado a Juan Carlos I durante más de tres años, después de que su 'amiga especial' desvelara negocios ocultos del Rey emérito provocando que la Fiscalía Anticorrupción abriera en diciembre de 2018 diligencias por las presuntas comisiones cobradas por el AVE a La Meca.
Todo un 'vía crucis' judicial que sacó a la luz Royals Black, un maletín con más de un millón de euros del sultán de Bahréin o fondos en la Isla de Jersey. Un 'vía crucis' que ha finalizado, o no, con el regreso a España del exjefe del Estado, y libre de las causas abiertas en España y Suiza.
Fue el pasado mes de marzo, cuando las tres diligencias abiertas por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo fueron archivadas sin presentar ninguna querella. "No concurriendo indicios que permitan dirigir reproche penal contra su majestad don Juan Carlos de Borbón y Borbón, procede acordar el archivo de las diligencias de investigación", aseguraba en su escrito la Fiscalía dando carpetazo al proceso judicial de Juan Carlos I, solo pendiente ahora de la querella por acoso contra Corinna Larsen que se dirime en Londres.
El proceso judicial
El AVE a la Meca. La primera, y quizá más conocida, causa abierta en torno a Juan Carlos I, por el supuesto cobro de una comisión de casi 65 millones de euros vinculada a la faraónica construcción en Arabia Saudí del AVE con un recorrido que va desde Medina hasta La Meca, las dos ciudades santas para el Islam.
Las autoridades saudíes adjudicaron en 2011 a Al-Shoula, un consorcio de 12 empresas españolas, la construcción de la línea de alta velocidad, inaugurada en septiembre de 2018 y que da servicio a 60 millones de pasajeros anuales en Arabia Saudí.
Vinculados a esta megaconstrucción se filtraron en junio de 2018 los audios de una conversación grabada en 2015 entre el 'omnipresente' excomisario José Manuel Villarejo y la amiga especial del Rey emérito, Corinna Larsen, la empresaria alemana que organizó el polémico safari en Botsuana en 2012 en el que don Juan Carlos pronunció el yá mítico: "Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir".
El audio, grabado por Villarejo, reproducía cómo Corinna aseguraba que la adjudicación del AVE saudí al citado consorcio de empresas españolas llevó implícito comisiones ilegales de las que el monarca emérito podría haberse llevado casi 65 millones.
Esta causa se investigó, como pieza a parte del caso Tándem de Villarejo. La Fiscalía Anticorrupción decidió indagar en torno al asunto, pese a que los indicios de la "eventual intervención" de Juan Carlos I en el mismo eran "extraordinariamente débiles, pues consisten en la mera referencia que hace una persona".
El ministerio público cerró finalmente el asunto del AVE a La Meca por falta de pruebas para vincular los millones de euros a una mordida. Pese al carpetazo, Anticorrupción dejó claro que sí había claros indicios de un supuesto fraude entre los ejercicios 2008 y 2012; lo que ocurre es que en el caso de 2008 habría prescrito, y en el de 2012, la acusación quedaba descartada por la inviolabiliad de Juan Carlos I (artículo 56.3 de la Constitución), aún Rey en esas fechas.
Isla de Jersey. Era otra de las investigaciones abierta por la Fiscalía sobre el Rey emérito, por unos fondos en la isla dependiente de la Corona Británica y que se utilizó como un paraíso fiscal.
En este caso, el Servicio de Prevención del Blanqueo de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) había descubierto una fortuna oculta en la citada isla, lo que derivó en una alerta a la Fiscalía Anticorrupción que tuvo así conocimienro de la existencia de un trust por valor de 15 millones de euros, en el que figura como beneficiario el emérito.
El jefe de la Fiscalía Anticorrupción apreció "una conexión indudable" con el exmonarca, pero tampoco consiguió aportar pruebas de que fuera Juan Carlos I el que gestionara dicha fortuna, por lo que la Fiscalía del Tribunal Supremo no encontró finalmente indicios que permitieran "dirigir reproche penal" contra el exmonarca emértio, por lo que se procedió a su archivo.
Las Royal Black. Otra de las causas que se cerrraron el 2 de marzo, también provocaron una auténtica tormenta judicial y mediática en torno a Juan Carlos I. Este caso no es más que la investigación sobre el uso de 'tarjetas black' para gastos personales con cargo al empresario mexicano y amigo personal de Juan Carlos de Borbón, Allen Sanginés-Krause, antiguo directivo de Goldman Sachs e inversor inmobiliario.
Aunque la Fiscalía sí apreció indicios de un posible delito de fraude, en diciembre del 2020 el Rey emérito ingresó a la Hacienda Pública 16.748 euros, dentro del plan de regularización fiscal del Gobierno. El Ministerio Público aceptó el movimiento financiero realizado por el exjefe del Estado y archivó la causa, dejando al emérito libre de sospecha de fraude fiscal, blanqueo de capitales, cohecho o tráfico de influencias.
La causa abierta en Suiza. Juan Carlos I también tenía una causa abierta en Suiza relacionada con las citadas comisiones del AVE a La Meca. En diciembre de 2021, el fiscal del Cantón de Ginebra Yves Bertossa decidió cerrar la investigación abierta por un presunto delito de blanqueo de capitales por la supuesta donación de 65 millones de euros que le hizo en 2012 a Corinna Larsen, dinero que podría proceder del cobro de comisiones por la adjudicación del AVE.
La Fiscalía suiza abrió diligencias por posible blanqueo de capitales procedentes de dichas comisiones ilegales y para comprobar si "estos sobornos se habían ocultado parcialmente en cuentas bancarias en Suiza, bajo la identidad de varios testaferros". La sospecha estana en si estas comisiones estaban vinculadas a un contrato por parte de empresas españolas para la construcción del tren de alta velocidad en Arabia Saudí.
Según el texto del fiscal suizo, "la investigación estableció que Juan Carlos I había recibido el 8 de agosto de 2008, en la cuenta de la fundación Lucum abierta en el banco Mirabaud en Ginebra, la suma de 100 millones de dólares del Ministerio de Hacienda de Arabia Saudí".
El maletín del sultán. En esta pieza de la Fiscalía de Suiza se anota también varias transferencias de 1,7 millones de dólares y de cinco y dos millones de dólares procedentes de Kuwait y Bahréin "que no fueron suficientemente documentadas por los acusados". Se trataba del supuesto maletín con más de un millón y medio de euros que en 2010 el entonces Rey de España habría entregado a su gestor en Suiza, dinero procedente del sultán de Bahréin, Hamad bin Isa Al Jaifa.
Los fiscales suizos entendieron que todas estas operaciones, cuentas y maletines "evidenciaban un deseo de encubrimiento" que sumado a "los importes afectados, el origen de los bienes, la falta de documentación adecuada que justifique las transferencias, las supuestas donaciones sucesivas, así como la cronología de los hechos constituían indicios sólidos".
Pero "la investigación no permitió establecer un vínculo suficiente entre la cantidad recibida de Arabia Saudí y la celebración de los contratos para la construcción del tren de alta velocidad", por lo que la justicia de Suiza cerraba la investigación en diciembre del 2021.
Londres, la única causa aún pendiente. Se trata de la denuncia interpuesta por Corinna Larsen, quien acusa al Rey emérito por acoso y de maniobrar para que fuera sometida a un supuesto seguimiento por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
La demanda de Larsen en Londres, la única pendiene del Rey emérito, acusa a Juan Carlos I de organizar desde el año 2012 una campaña de acoso con miembros del espionaje español incluidos, y que tendría su punto de partida en la negativa de Corinna a devolverle los 60 millones de euros trasnferidos por el exjefe del Estado -siendo Rey de España- cuando mantenía una relación con ella.
La denuncia pedía además medidas cautelares que prohibían al emérito acercarse a ella o su familia, reclamando también una indemnización por los daños económicos causados por la campaña de desprestigio contra ella.
La causa permanece abierta, sin que el juez se haya pronunciado por ningún punto, salvo el de la inmunidad. Y es que el Tribunal Superior de Londres concluyó que el Rey emérito no goza de inmunidad en Inglaterra y que por lo tanto tiene jurisdicción sobre el exjefe del Estado para tramitar la demanda civil por acoso presentada por Corinna.
La tormenta política
Los más de tres años de proceso judicial en torno a Juan Carlos I han supuesto un verdadero quebradero de cabeza para la Casa Real y para el Gobierno, con la figura del Rey emérito como eterno motivo de disputa entre los miembros de la coalición. Desde que se dieron a conocer las primeras investigaciones, pasando por su 'exilio' a Abu Dabi, hasta llegar a su intención de volver a España, la tormenta política provocada por la figura de Juan Carlos I ha azotado tanto a Moncloa, como a Zarzuela.
La renuncia de la herencia. El 15 de marzo de 2020, con el país aún asimilando aún las consecuencias del confinamiento por la pandemia del coronavirus, con millones de ciudadanos encerrados casi de forma hermética en sus hogares, la Casa Real irrumpe en dichos hogares con una decisión histórica: el Rey Felipe VI anuncia que ha roto todos los vínculos con su padre y renuncia a su herencia. El comunicado, en el que el monarca se desvincula de los fondos abiertos, adelanta además que retira a su padre la asignación salarial de 194.232 euros procedente de las arcas públicas.
Que el rey emérito haya huido de España y se haya ido precisamente a Emiratos Árabes Unidos es una burla a la ciudadanía y una vergüenza internacional para nuestro país. Más pronto que tarde se hará realidad un horizonte republicano que profundice la democracia en España. pic.twitter.com/mpnepw5H3W
— Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) September 2, 2020
La salida de Juan Carlos I de España. El 3 de agosto de 2020. El verano postpandemia y el de las restricciones por el COVID. En esa situación, en la que España intenta remontar su economía con todos los esfuerzo puestos en el turismo, los ciudadanos vuelven a presencia un hecho insólito y de nuevo histórico: la salida del exjefe del Estado a Emiratos Árabes Unidos. Una salida, una huida, un exilio, un poner tierra de por medio... como se quiera llamar al hecho en sí que provocó la reacción de todas las formaciones políticas, tanto por permitir que se marche, como por dejar que se vaya, como por no intervenir o no rendir cuentas... La marcha de Juan Carlos I sorprende a todas las formaciones políticas e irrita a los socios del Gobierno de Pedro Sánchez. Su vicepresidente, por entonces Pablo Iglesias, llegó a calificar de "huida" la marcha del Emérito, provocando un auténtico terremoto con epicentro en el mismo Gobierno, con Carmen Calvo y Margarita Robles como principales defensoras de la monarquía. "Cuando algunas personas hacen juicio de culpabilidad respecto de otras, no me importa quienes sean, se están olvidando de que la presunción de inocencia es uno de los pilares básicos del Estado de Derecho", aseguraba la ministra de Defensa.
El horizonte republicano. Pese a la discreta estancia del Rey emérito en Abu Dabi desde su salida de España y en los meses posteriores, otra fecha ponía en el centro de la polémica política a Juan Carlos I. El 19 de octubre de 2020. La Fiesta Nacional y con ella de nuevo el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias llamando a "trabajar por un horizonte republicano que profundice en la democracia española", provocando de nuevo un choque frontal con el PSOE defensor de la monarquía.
El pago a Hacienda. El 26 de febrero de 2021 supuso otro punto de inflexión al materializarse el pago por parte de Juan Carlos I de 4,4 millones a Hacienda "intereses de demora y recargos", lo que a ojos de los partidarios del emérito supuso la puesta al día en cuanto a pagos d el padre de Felipe VI . Pero los detractores del emérito consideraron dicha estrategia un plan organizado desde la Casa Real con la ayuda del Gobierno para no juzgar al emérito. Podemos llega a insinuar que Fiscalía y Hacienda trabajan juntas para evitar que se rinda cuentas ante la justicia.
El regreso de Juan Carlos. Pese a que la Justicia da carpetazo a las causas abiertas contra Juan Carlos I, tanto en España como en Suiza, los socios de coalición de Sánchez mantienen su rechazo y desconfianza hacia la Casa Real, ahora por el regreso del emérito. "Si vuelve a España, tendría que ser única y exclusivamente para rendir cuentas ante la Justicia española y la ciudadanía de este país".
El hecho de que el regreso se enmarque en un contexto para visitar Sanxenxo y sus regatas vuelve a distanciar a los socios de investidura: Podemos tilda de "humillante" la decisión, mientras Moncloa sortea las explicaciones sobre el regreso de Juan Carlos y se limita a calificar de privada la cuestión, aunque de manera extraoficial, trata de evitar que el exjefe del Estado duerma en dependencias oficiales.
El rey Juan Carlos I es un defraudador.
Si no está condenado es gracias a su inviolabilidad.
Merecemos instituciones democráticas, transparentes y que no estén por encima de la ley. pic.twitter.com/9k6ErLbob0
— PODEMOS (@PODEMOS) March 2, 2022
La eterna petición de una comisión de investigación. Una constante en el Congreso de los Diputados. Desde el inicio de las investigaciones en torno a Juan Carlos I, Unidas Podemos y los socios independentistas del Gobierno ha intentado una y otra vez la apertura de una comisión de investigación sobre los asuntos del emérito; una y otra vez, PSOE, PP, Vox y Ciudadanos han rechazado dicha comisión alegando la inviolabilidad del Rey.
Las "explicaciones" que exige Pedro Sánchez. En este juego político, Pedro Sánchez ha jugado entre dos aguas, ya que siempre ha mostrado respeto en torno a la actuación de la actual Casa Real, de Felipe VI, pero pidiendo a la vez "explicaciones" por parte de Juan Carlos I. El presidente del Gobierno llegó a calificar de "perturbadoras" las primeras informaciones sobre las supuestas comisiones.
Con este panorama político y judicial llega el Rey emérito a España, de la misma forma, casi rocambolesca y envuelta en polémica con la que se marchó. La intención de Juan Carlos I, tal y como trasladó el pasado mes de marzo a su hijo Felipe VI, es no obstante seguir viviendo en Abu Dabi y visitar con frecuencia a España: "Prefiero, en este momento, continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dabi, donde he encontrado tranquilidad, especialmente para este período de mi vida".
