Ciudadanos redefine el concepto de corrupción y ‘salva’ al diputado del PP imputado por cuatro delitos

La nueva definición de corrupción política que se ha sacado de la manga Ciudadanos para justificar como sea sus cesiones en la negociación con el PP y acabar haciendo lo que desde un principio está claro que hará, votar sí a Mariano Rajoy, es la siguiente: se es corrupto cuando se ha producido un enriquecimiento ilícito personal, cuando ese enriquecimiento ha beneficiado a terceros o cuando el sujeto está ligado a una trama de financiación de partidos políticos. Así lo ha explicado el vicesecretario general del partido naranja, José Manuel Villegas, que ha conseguido cortar un traje a medida para salvar el diputado del PP Óscar Clavell y justificar el sacrificio de Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

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Villegas, ha dicho hoy que "hay que distinguir" entre corrupción política y prevaricación, ya que esta última, "aunque sea reprobable e ilícita", no siempre implica la corrupción política, y por ello, las negociaciones con el PP tratan de definir esos dos conceptos. Clavell está procesado por los supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude y exacciones ilegales. Se le acusa del pago de casi 707.000 euros en facturas de la empresa contratada para la limpieza viaria y transporte de residuos urbanos cuando ejercía de alcalde en funciones en una localidad valenciana. Lo hizo, según la juez, "pese a que la responsable técnico de la ejecución del servicio" le advirtió de que éste "no se estaba ejecutando correctamente". Él mismo ha dicho este miércoles que si Ciudadanos antepone su dimisión a apoyar la investidura de Mariano Rajoy, y si se lo pide su partido, dejará su escaño.

El caso es que las seis condiciones “inamovibles” e “innegociables” que Ciudadanos planteó como ‘sine qua non’ para empezar a negociar su voto afirmativo a Rajoy en la segunda votación de investidura del 2 de septiembre son cada vez más flexibles y porosas. "Separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política, hasta la resolución completa del proceso judicial", rezaba el punto de ese pliego de condiciones relativo a la expulsión de los políticos corruptos. Las matizaciones posteriores se han convertido en exenciones que llevan a preguntarse qué hubiera ocurrido ahora con casos como los de Chaves y Griñán, en los que no hubo un enriquecimiento personal relacionado con el fraude de los ERE. Sí se produjo un enriquecimiento de terceros y de ahí que Ciudadanos haya introducido ese requisito, un día después de haber agitado el avispero con una declaración que suscitaba más preguntas que respuestas.

Villegas dijo el martes que "la mala praxis no es corrupción", tras ser preguntado por si iba a pedir la dimisión del diputado Clavell. Fue casi como si hubiera dicho que el desconocimiento de la ley sí exime de su cumplimiento -"no es lo mismo meter la mano que meter la pata" es la frase con la que C's ha tratado de banalizar el problema- lo que probablemente dejaría en la calle a miles de presos españoles. O como si hubiera exonerado a Carlos Fabra, expresidente del PP de Castellón y expresidente de la Diputación castellonense, que fue condenado a cuatro años de cárcel en noviembre de 2013 por defraudar 700.000 euros a Hacienda. Sobre él pesaba también la imputación por diversos delitos de tráfico de influencias y cohecho pero fue el fraude fiscal lo que le llevó a prisión y a abandonar el Partido Popular que, hasta entonces, había hecho oídos sordos a todas las acusaciones y le había mantenido y jaleado como uno de sus dirigentes valencianos más estimados.

Ciudadanos, que ya nos tiene acostumbrados a sus bandazos, no deja de sorprendernos con sus cambios radicales de opinión. Como algunos medios han recordado este miércoles, el líder de ese partido, Albert Rivera, arremetió en 2013 contra el entonces coordinador general de IU, Cayo Lara, por defender a un imputado por prevaricación de dicha fuerza política. Se trataba de Ángel González, portavoz parlamentario de la coalición en Asturias, pero Lara le respaldó con este argumento: "En términos sencillos, prevaricar es que el alcalde de un pueblo conceda la licencia de una casa en mitad del campo en un terreno no urbanizable, esto es prevaricación; pero de aquí a la corrupción hay un paso importante".

La nueva redefinición de la corrupción también deja a salvo de una hipotética rendición de cuentas a uno de los negociadores del PP que se sientan a la mesa con Ciudadanos: el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo. A él se le acusa de firmar, en su calidad de miembro del Consejo de Administración de Caja España, la concesión de unos créditos en favor del presidente de la propia entidad financiera y que la justicia investiga por su presunta ilegalidad. Un juzgado de León abrió una investigación tras una denuncia de IU y la jueza llamó a declarar en calidad de imputado a Maillo y al resto de miembros de la dirección de Caja España. La declaración se suspendió y, más de un año después, el caso sigue durmiendo en el tribunal. El caso saltó en julio del año pasado, cuando Maillo acababa de ser nombrado para formar parte de la dirección nacional del PP. Entonces, el flamante vicesecretario de Organización ya dijo que la querella de IU tenía una “motivación política” y que la decisión por la que se le investigaba no le había supuesto enriquecimiento personal.

Como contrapartida a las cesiones del partido naranja, el PP acepta la propuesta de Ciudadanos de extender a todos los niveles de la Administración, incluidos los Ayuntamientos, la condición de suspender a los cargos públicos imputados por delitos de corrupción. "Existen discrepancias sobre cuándo comienza [a aplicarse], pero no sobre a quién afecta. El documento que se nos remitió hablaba de cargos públicos en general", ha declarado Martínez-Maillo.

Y sobre la pretensión de Ciudadanos de abrir el pacto por la regeneración y contra la corrupción a otros partidos políticos, ya hay respuesta del secretario general del PSOE. "No incluimos imputados en listas. Nuestro código ético y el convenio con Transparencia Internacional lo impiden", ha escrito Pedro Sánchez en su cuenta de Twitter:

Medidas económicas, cumplimiento del déficit y dónde buscar el dinero

Pero la corrupción no es el único capítulo en el que Ciudadanos trata de salvar la cara y los muebles, aquellos que decoraban el ideario con el que ha concurrido a dos elecciones generales y que ahora parecen estar a punto de ser arrumbados en el desván de los trastos viejos. En el capítulo económico, la formación de Rivera quiere que algunas de sus propuestas -el complemento salarial, un plan contra la pobreza infantil, igualar y ampliar el permiso de paternidad y maternidad, establecer refuerzos contra el fracaso escolar y ampliar la educación de cero a tres años- para las que el PP no encuentra financiación si no es vulnerando todos sus compromisos con Europa no sean desechadas tan rápidamente. "Nosotros les diremos de dónde lo puede sacar (el dinero)", ha dicho Villegas, quien ha señalado que se podrían obtener recursos reformando la Administración y suprimiendo las Diputaciones o reclamando el dinero que este partido pide de la amnistía fiscal.

Concretamente, las medidas que Ciudadanos exige cuantificar en el pacto de investidura con el PP requieren una inversión de 6.339 millones de euros, según detalló el partido naranja en la memoria económica del programa electoral con el que concurrió a las elecciones del pasado 26 de junio. Entre sus propuestas para conseguir parte de esa cantidad, figura recuperar los 2.800 millones de euros que, según sus cuentas, se dejaron de ingresar cuando se aplicó la amnistía de 2012. Este es uno de los asuntos “objeto de fricción” entre las dos formaciones que han sido relegados al tramo final de la negociaciones, lo que anticipa un fin de semana más que intenso para tratar de cerrar las cuestiones más conflictivas antes del debate de investidura que comenzará el martes 30 de agosto.

De momento, el PP ha recordado que hay que cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria y los compromisos con Europa, y eso se tendrá en cuenta a la hora de decidir las partidas económicas para las medidas que consensúen ambos partidos. Lo ha dicho Martínez-Maillo, que también ha respondido a la exigencia de Ciudadanos de que los 'populares' celebren primarias asegurando que "en España ningún partido tiene primarias de verdad". “Y si no repasen lo que está pasando en el PSOE en relación con las listas electorales", ha añadido en alusión a los problemas que esa formación está teniendo con la configuración de sus listas en Galicia para las autonómicas del 25 de septiembre. Aunque Maillo no ha avanzado qué argumentos darán al equipo negociador de la formación naranja, fuentes populares han advertido de que el PP se negará a esa exigencia porque entiende que es algo que forma parte de la organización interna de los partidos.

Por cierto que Martínez-Maillo ha deslizado una afirmación que echa por tierra otro de los principios “inamovibles” que guiaban la negociación de Ciudadanos. A su juicio, que el partido de Rivera hable ya de presupuestos, que son el primer objetivo que tendrá el próximo gobierno si sale adelante la investidura, y que pida plazos para las medidas significa que el acuerdo que se está fraguando "no es solo de investidura" sino que iría "más allá" y sería también "de gobierno".

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