La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el Consejo de Gobierno dará luz verde este miércoles a la ley de autonomía financiera, para "asegurar" las competencias fiscales de Madrid "recogidas en la Constitución".
Se trata de una ley que ya anunció la presidenta tanto en su investidura como en septiembre de 2021 con el fin de "proteger" la política fiscal de la Comunidad de Madrid, y que será aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno de este miércoles.
Ayuso ha anunciado la aprobación de esta ley en su intervención en el acto de presentación del Liberalismo a la madrileña, escrito por el analista económico Diego Sánchez de la Cruz, donde ha señalado que permitirá seguir siendo "libres" y mejores y apoyar el proyecto común "de bienestar" que se da en Madrid.
Ha asegurado que su Gobierno no va a permitir que se suban los impuestos ni que nadie los suba "por la puerta de atrás", porque si se suben el capital "se irá de España".
"Ningún país prospera atentando directamente contra su capital. Este ataque sólo ocurre en España", ha aseverado Ayuso, que ha afirmado que la libertad "siempre funciona" por eso es el objetivo de ataque de quienes quieren acabar con las sociedades libres e iguales ante la ley.
Esta ley pretende "dar cobertura" ante la "armonización fiscal" del Gobierno de España, que establece "unos topes" en el caso de que una comunidad quiera bajar impuestos, explicó en septiembre el portavoz del Ejecutivo madrileño, Enrique Ossorio.
También recordó que en 1996 se cedieron las competencias sobre los tributos a las comunidades autónomas, que no son "ilimitadas" y están "perfectamente concretadas", y es sobre lo que lleva actuando desde entonces la Comunidad de Madrid.
Pero con la "armonización" fiscal que pretende el Gobierno, lo que a su juicio quiere es reducir el "margen" de las comunidades y poner unos límites para "obligar" a las que han bajado los impuestos a "subirlos".
Por ello, "desde el punto de vista Constitucional" la ley tratará de dar cobertura a las "competencias cedidas en el 96 y ejercidas con libertad desde los Parlamentos regionales", además de dar el derecho a los ciudadanos de Madrid de saber en qué gasta la Administración los impuestos que pagan.
