Las nuevas amenazas de Aragonés contra la legalidad rompen los argumentos con los que Sánchez justificó los indultos
Las premisas obligadas de 'utilidad pública, arrepentimiento y de la no reincidencia' de la polémica medida de gracia desaparecen y dan alas a los recursos de PP, Vox y Ciudadanos
Las nuevas amenazas públicas del presidente catalán, Pere Aragonés, y de los dirigentes de ERC, que preside el golpista indultado Oriol Junqueras, son la prueba fehaciente de la ilegalidad de los indultos que les concedió Pedro Sánchez a los golpistas catalanes del 1-O de 2017.
No en vano, estas nuevas amenazas, con las que Aragonés pretende lograr un referéndum inconstitucional en Cataluña -y que los ministros Montero y Subirats apoyan desde el interior del Gobierno-, atentan contra la legalidad y desmontan los requisitos de ‘la utilidad pública, el arrepentimiento y la no reincidencia’ que son imprescindibles para la concesión de los indultos.
Y que condenados e indultados deben cumplir, según la normativa legal, para que se justifiquen las medidas de gracia acordadas por el Gobierno de Sánchez.
Alas a los recursos ante el Supremo
Lo que, en consecuencia, da alas a los recursos que contra los indultos presentaron PP, Cs y Vox ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo y que aún están pendientes de admisión a trámite.
Fue el propio presidente Sánchez quien justificó los indultos diciendo que las medidas de gracia iban a facilitar la ‘concordia’ en Cataluña, lo que no se ve por ninguna parte y menos en los colegios catalanes.
Esto prueba, siguiendo el reciente discurso amenazante de Aragonés, que la imprescindible ‘utilidad pública, no reincidencia y arrepentimiento’ de los indultados al día de hoy no solo no se cumple, sino que se ha convertido en una nueva amenaza a la legalidad y a la unidad nacional por parte del Gobierno catalán que representa al Estado en dicha Comunidad Autónoma, Estado al que se pretende desbordar desde fuera de la legalidad.
Esto ya ocurrió con el golpe de Estado catalán en el otoño de 2017, las leyes de ruptura y desconexión del Estado y ocurre con la desobediencia a todas las decisiones de los tribunales.
A la vista de estos hechos, cabe que los partidos que han recurrido los indultos refuercen sus argumentaciones para que la Sala Tercera no solo los admita a trámite, sino que, además, acabe dando la razón de la parte recurrente y en consecuencia anule los indultos.
