Ese primer desembolso de fondos se sumará a los 9.036 millones que ya recibió España este verano en concepto de prefinanciación, y llegará cuando Bruselas constate que se han cumplido todos los hitos comprometidos para el primer semestre de 2021.
Según el acuerdo, suscrito por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, España se compromete a la extensión del periodo de cotización sobre el que se calcula el importe de la pensión en el marco de las nuevas carreras laborales.
Este asunto fue polémico durante la elaboración del plan hace casi un año, porque llegó a circular un borrador de la componente 30 de pensiones -cuya existencia fue negada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá- en el que se elevaba de 25 a 35 años el periodo de cálculo. El plan finalmente incluyó la extensión del periodo de cálculo, pero sin especificar un número de años concreto ni aclarar si se ampliaría con carácter general por encima de los 25 años.
Así se vuelve a recoger en el acuerdo operativo suscrito este miércoles, sin que la Seguridad Social tampoco haya querido hacer ahora más aclaraciones al respecto.
Fuentes del Ministerio remiten a lo fijado en la componente 30, donde se dice que la medida busca "reforzar la progresividad y el carácter contributivo del sistema haciendo que la pensión de jubilación refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador y atienda la realidad de un mercado laboral en el que las interrupciones y las lagunas son cada vez menos excepcionales". La implementación prevista para ampliar el periodo de cálculo es progresiva a partir de 2023 tras su aprobación antes del fin de 2022, según consta en la componente.
La equidad intergeneracional
Además, España tendrá que justificar ante Bruselas que el nuevo mecanismo que asegurará la sostenibilidad de las pensiones realmente garantiza la equidad intergeneracional, para lo que tendrá que enviar a la CE una evaluación de impacto que así lo corrobore.
La reforma de pensiones es uno de los hitos que hay que cumplir antes de que acabe el año y cuya primera parte ya fue acordada con los agentes sociales en el mes de julio.
Una segunda parte está en fase de negociación e incluye un mecanismo de equidad intergeneracional que sustituirá al derogado factor de sostenibilidad de la reforma del PP de 2013, que preveía un ajuste a la baja de las nuevas pensiones en función de la esperanza de vida.
Para mitigar el incremento del gasto en pensiones que se producirá hasta 2050 como consecuencia de la jubilación de la generación del "baby boom", la Seguridad Social ha planteado un aumento de 0,6 puntos de las cotizaciones sociales durante diez años para volver a nutrir el fondo de reserva, la denominada "hucha" de las pensiones que se vació con la anterior crisis.
Además de la reforma legal, Bruselas demandará a España una evaluación de su impacto que demuestre que la equidad entre generaciones está garantizada.
Exámenes continuos
El documento fija además reuniones de seguimiento trimestrales entre el Gobierno de España y el Ejecutivo comunitario para hacer balance de los avances en la aplicación del plan de recuperación.
España es el primer país de la UE que consensua este documento con Bruselas, que abre la puerta a la solicitud del primer desembolso de fondos comunitarios, en lo que también será el miembro europeo pionero, según ha destacado Hacienda en un comunicado.
Las reuniones de seguimiento podrán tener lugar personalmente tanto en España como en Bruselas o podrán efectuarse de manera virtual y como punto permanente del orden del día figurará el calendario de las solicitudes de pago.
Al margen de estas reuniones, se podrán celebrar otras sobre inversiones o reformas concretas o sobre cuestiones del plan de recuperación que afecten a varios componentes para garantizar la coherencia en su desarrollo.
Asimismo, cada año la CE y España organizarán conjuntamente un evento anual con la participación de los responsables de la aplicación del plan de recuperación y otras partes interesadas pertinentes para debatir "la complementariedad, la sinergia, la coherencia y la cohesión entre la aplicación del plan de recuperación y otros programas de la Unión".
