Mientras Polonia acata la exigencias de la UE en materia de independencia judicial, al asegurar que desmonta el órgano de vigilancia de los tribunales, con lo que el gobierno de Varsovia recibirá 36.000 millones correspondientes a los fondos de recuperación, desde el gobierno húngaro de Viktor Orban subsisten criterios de intervención en la tarea de los jueces, desde una óptica diferente y, por tanto, enfrentada a las tesis autonomistas del gobierno polaco. Por tanto, subsiste una disonancia cierta de criterios en lo que respecta a la disidencia sobre la autonomía judicial en el seno de la Unión Europea, al continuar Hungría una inercia poco menos que histórica en el disenso sobre las claves axiológicas de la edificación compartida en el ámbito europeo. Una cuestión dentro de la cual colisionan los modos de hacer y las formas de estar. Todo, como expresión de una disparidad radical no compatible con los mínimos esenciales de cohesión democrática en Europa.