¿Hasta cuando más la anomalía venezolana?

Ha sido la irrupción de José Luís Rodriguez Zapatero en la materia de los condenados en el Tribunal Supremo por responsabilidades en el fallido golpe separatista del 1 de Octubre, sugiriendo una suerte de alternativa política al desenlace judicial para las responsabilidades contraídas por los encausados; materia que el ex presidente del Gobierno español, por su reiterado peso presencial como polémico mediador entre la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro, parece haberle supuestamente legitimado para enlazar el drama nacional aquel, causado por el secuestro dictatorial de sus leyes democráticas y sus estándares históricos de bienestar social, con el tema jurídico, estrictamente penal, de un asalto político contra el Estado de Derecho y contra la unidad de España.

Mucho es el pesar que a los más de los españoles nos causa el drama nacional en que está sumida la arruinada Venezuela, dónde tantos de nuestros compatriotas rehicieron allí sus vidas, al igual que en otras naciones del mundo iberoamericano. De ahí la compartida impaciencia por la perpetuación de la pesadilla nacional venezolana. Y, con ello, el no menos compartido recelo con quienes, como ZP, generaron visiones irreales de que por su mano encontrarían llaves para los cambios que anhelaban.

La autopostulación de ZP como eventual puente entre el Poder Judicial, tras las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo y los imputados de responsabilidad en los hechos del 1 de Octubre de 2018, supone gratuidad semejante a su papel intermediador entre la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro sobre las condiciones imperantes en Venezuela después de que Maduro, lejos de convocar un un referéndum revocatorio de su condición presidencial tras de la enorme derrota parlamentaria sufrida en las últimas elecciones libres habidas en el país, se arrancó con la promulgación de una Asamblea Constituyente que neutralizara funcionalmente al Parlamento legítimo, dominado por una mayoría superior a los dos tercios. Seguidamente, Maduro se reservó para sí la presidencia de la nueva Cámara como soporte de la Jefatura del Estado.

Atribuciones tales sólo cabía entenderlas como acto de fuerza. Como Golpe de Estado. Lo que no podía ser aceptado de ninguna forma por la oposición. Pues bien, la tarea de lograr que la oposición aceptara de algún modo algo tan inaceptable como que Nicolás Maduro hiciese tal maniobra, en lugar de cumplir la pauta constitucional de someterse al referéndum que le pudiera reponer de derrota tan apabullante como la sufrida, fue el cometido asignado al impulsor de la Ley de la Memoria Histórica: la traba de más fuste con la que tropezó el entramado jurídico-politico de la Transición.