El peso de una campaña antiespañola

Los testimonios aportados en el proceso del Tribunal Supremo a los inculpados por los hechos y circunstancias en que transcurrió la intentona separatista del referéndum de 1 de Octubre de 2018, que contrastan de forma palmaria con el légamo dialéctico en que se han envuelto los criterios judiciales en Bélgica y la RFA, de exoneración de los imputados fugados a la Europa transpirenaica, revelan agravantes secuencias de responsabilidad penal enmascaradas por el concurso de la propaganda partidista, desplegada desde la Generalidad de Cataluña, con el empleo de recursos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado.

No hubiera sido posible de otro modo que con las enmascaradas actividades, por vía de órganos ficticios, de una formidable labor de propaganda política volcada, principalmente, sobre Gobiernos y medios de comunicación. Todo lo cual traduce la exigencia de su volcado en el procesamiento jurídico-penal de los hechos y en su procesamiento político con cada Administración de los países que han dado acogida a los prófugos.

El peso de esa campaña antiespañola es una cuestión de interés muy preferente para el primer Gobierno que resulte de las urnas salidas al cabo de las venideras elecciones, cuya polar habrá de ser la defensa de la unidad nacional. Como obligado contrapunto a la experiencia cursante.