Maduro procesa a Guaidó desde el golpe de Estado

La ilegítima legalidad de repuesto que Nicolás Maduro se sacó de la manga, al dar el golpe de Estado cuando hizo caso omiso de la Constitución venezolana, que le obligaba a convocar Referéndum Revocatorio de su cargo, por la enormidad de la derrota sufrida en las últimas elecciones habidas en el país: del orden de los dos tercios de los escaños de la Asamblea Nacional. Esa quiebra brutal del Estado de Derecho, agravada por añadidura con el montaje de otra Cámara con atribuciones constituyentes, de la que el régimen chavista se ha servido como fuente añadida de legalidad, ajena a las urnas y a la democracia. O sea, como fuente de legalidades a la carta y piedra de toque para validar ocurrencias y caprichos propios de la más acendrada y y arbitraria dictadura. Entre las instrumentaciones desplegadas en la modificada legalidad de la que el régimen se ha servido, figura el ajuste funcional del Tribunal Supremo.

Cabe considerar ahora que la “puesta de largo” del nuevo sistema se ha reservado para el procesamiento del Presidente Encargado de la República, Juan Guaidó, reconocido como tal por los Gobiernos de 60 Estados, previamente legitimado desde la Presidencia de la Asamblea Nacional, Cámara política fruto de la más que robusta mayoría opositora, resultante de las últimas elecciones democráticas habidas en Venezuela; mayoría determinante del referéndum revocatorio que debió convocar Nicolás Maduro, según la Constitución, por la magnitud de los términos de la derrota sufrida cuando en el país aun sobrevivía la libertad política.

Las cosas son tan así, por allí, que el régimen solo ha osado ante Guaidó encarcelar a su segundo, limitándose después al recurso de la marioneta judicial a que ha reducido el Tribunal Supremo en la República Venezolana.