Implosión judicial en la dictadura nicaragüense

Como en un castillo de naipes, a instancias de la presión de la OEA (Organización de Estados Americanos) se vienen a encadenar, con algo más que tensiones críticas, las dictaduras en el espacio centroamericano. No se han apagado aun los ecos del eructo totalitario de Nicolás Maduro, en su pretendida legitimación democrática del golpe de Estado cometido, al sustituir el referéndum revocatorio tras su derrota electoral en las últimas elecciones libres – sacándose de la manga un nuevo Parlamento – cuando en la sintónica Nicaragua de Daniel Ortega y señora, sobreviene la defección de Rafael Solís, juez del Tribunal Supremo nicaragüense, calco fiel del dispuesto a su servicio por la dictadura del chavismo.

Pero la homologación totalitaria de Nicaragua con Venezuela no estriba sólo en el secuestro de la independencia  judicial, sino en los estragos perpetrados en común contra los derechos humanos por parte de las dos dictaduras (más de 300 muertes habidas en Nicaragua desde la pasada primavera a manos de fuerzas policiales y parapoliciales), libres de manos por la maniatada dependencia de la Judicatura.

Ha sido la OEA, por medio de Luis Almagro, su Secretario General, el detonante de una democrática presión internacional contra reductos totalitarios en el seno de la OEA: mecanismo institucional interamericano cuya eficacia denunciadora es necesaria por más que no sea suficiente.