Mar de fondo en los poderes del Estado

La desautorización gubernamental de jueces y fiscales sobre los políticos presos por las probadas responsabilidades en el golpe de Estado durante el mandato de Carlos Puigdemont en la Presidencia de la Generalidad de Cataluña, prefigura un conflicto entre los poderes del Estado, propio de choque institucional de mayor cuantía; por inquietante semejanza con las peripecias del régimen chavista en la actual Venezuela. Cuando la peripecia electoral “bolivariana” bajo la mano de Nicolás Maduro, arribó, por la derrota electoral absoluta, a la crisis institucional plenaria. La Asamblea Nacional quedó sustituida por otra “Constituyente”. Máscara efectiva de la dictadura.

Pero volvamos a lo primero. No es propio de un régimen liberal, como el restablecido en España con la Constitución de 1978, dónde los poderes del Estado no estén rigurosamente separados; es decir, rigurosamente independientes entre sí. Por eso, que desde distintos componentes del Ejecutivo, del Gobierno, se activen interferencias sobre las actuaciones del Poder Judicial y del ministerio Fiscal, supone una intromisión. Pero no sólo eso, que viola los principios constitucionales; es que, además, siendo lo cual aun más escandaloso, y por ello mismo tan grave como lo primero, atiende  el propio discurso de los separatistas catalanes y de los jueces belgas y alemanes en sus respectivas cargas contra la Justicia española.

Ítem más. No tiene otro menester de mayor relevancia para la política exterior de España en Europa, que la defensa de nuestro sistema de democrático de gobierno, con separación de poderes e independencia de los jueces. La anomalía, por tanto, es de mar de fondo, por causa de la tensión del Gobierno con la Judicatura por los presos separatistas. Es asunto de la mayor gravedad.