Deslealtad institucional en Cataluña

La ratificada resistencia de los Mossos de la Generalidad de Cataluña a sumarse a la labor del Centro Antiterrorista, integrado por la Policía Nacional, Guardia Civil, Centro Nacional de Inteligencia y la Ertzaina (Policía Autonómica Vasca), añade un factor de significación sistémica que agrava de manera muy significativa el síndrome de deslealtades en que fluye la Autonomía catalana desde la hora en que Puigdemont accedió a la Presidencia de la misma.

La índole de la materia objeto de esta denegada colaboración no sólo alcanza, obviamente, a la lucha del Estado contra el terrorismo, sino que Incluye, como no podía ser de forma a la preservación de la legalidad en todos los ámbitos del orden público. Tal deslealtad por omisión, ese “no” más básico de los menesteres públicos, el cumplimiento de la Ley, tiene alcances más que sólo significativos: del todo medulares.

No se trata de gratuito circunloquio. La deslealtad de la ecuación de Gobierno cursante en Cataluña es de tan significativa magnitud que define condiciones de relación por parte del Gobierno de la entera Nación española muy distintas, en rigor, que las actualmente discernidas por la ecuación ideológica que sostiene a Pedro Sánchez. Que, por cierto, ha definido en Santiago de Chile la defensa del juez Llarena como un asunto de Estado. Lo otro era una trapacería más del separatismo.