La responsabilidad por omisión con Puerto Rico

Ha tenido que ser la Universidad de Harvard la institución estadounidense que poco menos que ha salvado el honor nacional ante el abandono político por la Administración de Washington de Puerto Rico, como Estado Libre Asociado, tras del paso devastador de un huracán, en septiembre de 2017, al hacerse las cuentas de los daños personales ocasionados por el suceso.

Mientras el balance el Gobierno local de Roselló reducía a sólo 64 las muertes habidas, la indagación universitaria para la contabilización de las cuentas finales del desastre, arroja un catastrófico saldo 74 veces superior (4.600 defunciones), según Informe publicado por New England Journal of Medicine. Trabajo en el que se anota la probabilidad de que la cuenta final sea más alta todavía. Y eso que lo comprobado incluye sólo el trabajo de tres meses, comparado el balance de defunciones habidas en el mismo periodo del ejercicio de 2016.

La explicación que se aporta en el Informe de referencia, enlazando cuenta de las defunciones, se centra en las carencias médicas a causa del huracán tanto por la destrucción de los equipamientos clínicos como por los daños ocasionados en las infraestructuras y equipamientos en general. Daños que no fueron reparados y atendidos en los términos de política y de asistencia técnico-administrativa en Texas y Florida al paso del mismo huracán.

El balance de la averiguación de los términos portorriqueños del suceso incluye la obligada observación de que Puerto Rico fue nacionalmente preterido y vergonzosamente discriminado por el Gobierno de Donald Trump, que acabó cubriéndose de gloria, durante su visita a la isla con la esgrima al viento de un rollo de papel higiénico. Los “trumpicones” quedan también catalogados como otras catástrofes. Aberrantemente políticas.