Contra la violencia política en Cataluña

La iniciativa del ministro del Interior de extender la cobertura policial de seguridad al conjunto de políticos constitucionalistas en Cataluña, sumando ello la que se dispensa a jueces y fiscales, aparte del previsible aumento de las dotaciones destinadas a la preservación del orden en las vías de comunicación, especialmente en autopistas, visto el sensible aumento de las interrupciones del tráfico en éstas por parte del activismo secesionista, pone de manifiesto la evolución preocupante de la violencia política en la Comunidad Autónoma.

Las pintadas domiciliarias en las residencias de jueces y fiscales y la presión del activismo separatista en espacios urbanos de significación crítica, por el propio devenir de las organizaciones y partidos del mundo secesionista en su desbordado activismo, plantean y definen la exigencia de una reacción política proporcional al cambio operado en el activismo radical, y progresivamente revolucionario contra el orden público catalán.

Se está ante un cambio cualitativo de la presión nacionalista, y cualitativo, también, debe ser la respuesta del Estado desde la legitimidad derivada de su propia condición de poder democrático. El orden público demanda proporcionalidad en respuesta a los agentes que lo desafían, pero la prudencia política, también, exige previsión atenta, análisis puntual, de la evolución probable de esos mismos desafíos.