La política democrática tiene soporte y límite en la Ley

La primera autoridad autonómica de Cataluña tiene encallado su discurso en la obcecación propia del sectarismo antiespañol que profesa. Afirmar, como acaba de hacer, que la acción política está bloqueada por la judicialización del proceso – a propósito de la posición  jurídica de Alemania, coincidente por entero con la de España en lo que respecta a la práctica sediciosa de Carles Puigdemont – en el ejercicio de su mandato -; insistir en el mismo discurso que el ahora detenido en territorio alemán, mientras la subversión secesionista corta de nuevo el tráfico en autopistas catalanas, convierte a Roger Torrent en sujeto de extralimitación delictiva en sus funciones de primera autoridad dentro de la Generalidad de Cataluña.

En consecuencia, es forzoso concluir que el problema institucional de allí, desde la detención de Puigdemont al poco de acceder a la República Federal Alemana, en el curso de su fuga tras de la activación del Artículo 155 de la Constitución española, es una cuestión que lejos de solo estancarse, ha venido a profundizarse y agravarse de modo significativo. Nunca desde la restauración del orden democrático en España, excepto el trance golpista del 23-F, se había llegado a fin pulsión contra el Estado de Derecho como el actual encallamiento del separatismo en Cataluña.

A lo que se ve y parece, las tribus de la escisión incurren en la demencia de ir contra la ley y contra el Estado sin reparar en las consecuencias que ello puede traer consigo, no sólo desde el Estado mismo – en su obligada defensa de la ley y el orden – sino también por las gravísimas fracturas e irreversibles daños sociales que ello puede inducir en el conjunto de la sociedad civil catalana.