Fractura del marco legal por la disidencia separatista

Posiblemente haya sido la denuncia por el líder de Ciudadanos de la parasitación gráfica de los espacios institucionales, al llevar la simbología de los Lazos Amarillos a las enseñas y sedes del Gobierno de la Generalidad catalana. La atonía operativa del Ejecutivo nacional, a la que imputan la inversión en las encuestas de última hora, se define y confirma como causa principal y casi única de un proceso que acentúa  la gravedad del proceso secesionista, frente al que reacciona con claridad probada la sociedad civil de Cataluña.

Dice el refrán que quien avisa no es traidor, y el dato de las encuestas es aviso y advertencia; de especial valor en este caso porque las muestras demoscópicas tienen una base sociopolítica nacional, que integra de forma añadida el pensar y el sentir de la propia Cataluña sobre el destino colectivo de todos los españoles.

Esa fractura del marco legal de la Autonomía Catalana ha determinado la denuncia de Rivera; un suceso cuyo valor habría de traducirse en una dinámica de cooperación entre las fuerzas afines; como una voz de alerta: postuladora de la coherencia entre fuentes de la misma energía política nacional. No denunciar ni reaccionar frente al abuso de los enemigos de la unidad de España en el empleo de las instituciones comunes, y en otras muchas cosas, es casi tanto como alentar las dinámicas de la escisión.