Militancia política episcopal contra inmersión lingüística en Cataluña

No sólo los socialistas de Aragón, Castilla La Mancha y Extremadura disienten respecto a la inmersión lingüística en las escuelas de Cataluña, a la que se opone el vértice del PSOE, también lo hace la Conferencia Episcopal de la Comunidad Autónoma, entrando en una dinámica de diseños respecto al criterio expresado en su día por el Tribunal Supremo de Cataluña; criterio al que se atiene la iniciativa del Gobierno en esta muy sensible materia, de tan manifiesta importancia a la hora de activar las competencias políticas derivadas de la aplicación del Artículo 155 de la Carta Fundamental de 1978.

Cabía en la consideración de la oportunidad de esta muy importante norma, pensar en el coste político o grado de reticencia que ello podría suponer, pero no que la reticencia se sustentara en oposición y que esta llegara de mano del estamento eclesial, instrumentado en el caso por medio de la Conferencia Episcopal de Cataluña. Mucho ya entre lo muy desgraciado que el episcopado catalán bloqueara la posibilidad de que se enmendase el error carísimo, durante la Transición, que fue el ceder en términos plenarios a las Comunidades Autónomas las competencias en materia de Educación.

Ha sido el referido Artículo 155, activado por vía del Senado, lo que hará posible que la población escolar en Cataluña disponga de la doble opción Idiomática – catalán y castellano -; luego de que el Tribunal Supremo catalán hubiera reconocido el principio de concurrencia entre las dos lenguas. Podrán las Comunidades socialistas convenir sus desacuerdos al respecto, pero no el Episcopado en bloque, la Conferencia Episcopal, constituyéndose de “facto” en sujeto de actuación política sobre materia para la que formalmente carece de legitimación específica en el orden constitucional español.

En parejo orden polémico  cabe considerar el impropio aterrizaje de la Conferencia en el debate sobre la delincuencia de políticos y el fuero democrático de sus libertades, puesto que una cosa son los políticos presos – por causas no necesariamente políticas -, y otra, asaz distinta, son los presos políticos, sujetos injustamente privados de libertad (cabría decir que a la venezolana de ahora mismo), al margen de y contra el Derecho.