Tras del delito constitucional, la responsabilidad económica de los separatistas

Se dispara el horizonte de las responsabilidades penales del separatismo en Cataluña. Al cúmulo de los cargos activados desde la Fiscalía General del Estado, traducido en los encarcelamientos correspondientes de los cargos de la Generalidad, se suma ahora la expectativa de lo que resulte de la petición de Hacienda al Tribunal de Cuentas de que investigue al Govern, ANC y Omnium por los gastos del 1 -O; gastos irregulares efectuados por la Generalitat, en malversación de caudales públicos, toda vez que se aplicaron en la realización de un referéndum desautorizado por el Tribunal Constitucional.

Al aire de estos procedimientos, penales en un caso y administrativos en el otro, sobreviene la oportunidad periodística de considerar las eventuales pesquisas sobre los fondos que sostienen tanto los gastos que soportan la huida a Bélgica de Puigdemont y parte de su equipo de gobierno, y la de los alcaldes adheridos a su muy objetable labor contra la Constitución y el Estado que en ella se apoya. Además de reparar en la consideración de otros tantos gastos irregulares efectuados por la Generalidad, componentes de una amplia malversación de caudales Públicos.

Conforme pasan los días y la campaña del separatismo catalanista se aplica a la propaganda internacional desde la cabeza de playa montada por Puigdemont en Bruselas, cabe prever que el debate abierto ya entre los partidos de la grey secesionista, va a estar flanqueado por lo que resulte de los averiguados estragos de los fondos públicos afanados, antes de que el Artículo 155 de la Constitución permitiera cortar el saqueo secesionista del “Puigdemontismo” y sus adláteres.

El triste espectáculo nacional entra en una nueva fase.