La crisis en la Fiscalía del Estado aflora la del régimen chavista

La prohibición de que Luisa Ortega, Fiscal General del Estado, pueda salir de Venezuela, así como el bloqueo de disponibilidad de su patrimonio, dimensiona el alcance del episodio del ataque aéreo contra la sede del Tribunal Constitucional y la del Ministerio del Interior. Aflorando, al propio tiempo, la del régimen chavista mismo.

Ocurre también que la evolución en la ejecutoria de Luisa Ortega, que ha pasado de la disciplina ciega a las actuaciones de disidencia frontal con las directrices del Gobierno, se encuadran en un paralelismo probado con documentados comportamientos de disidencia en los diferentes órdenes funcionariales, del personal civil, policial y militar, a los que se aludía en los panfletos difundidos en Instagram por Oscar Pérez, el policía piloto que manejó el helicóptero de la sonada operación de hostigamiento y desafío.

A estos profundos niveles de la crisis venezolana, de una gravedad que viene definida por la condición tan relevante como la de Luisa Ortega, tiene su lógica tanto el cansancio de quienes desde fuera la siguen, solidarios con el pueblo venezolano, por ello mismo impacientes ante la perpetuación de tanto daño infligido a un pueblo generoso y solidario en su fraternidad hispánica.

Ello explica el reproche de Felipe Gonzalez al Gobierno español porque no se haya presionado oficialmente aún en pro de la libertad de Leopoldo López, injustamente encarcelado desde tres años atrás para otros diez más. También da sentido esa misma solidaridad hispánica el irritante espectáculo de José Luis Rodriguez Zapatero prestándose al paripé de la mediación en la farsa de las pasadas “negociaciones” de la dictadura chavista con los representantes de la Oposición.

El caso de la Fiscal General del Estado Luisa Ortega, parece definir con entera precisión la frontera de un antes y un después en el crepúsculo agónico de la dictadura nutricia para el populismo español.