¿Quién paga la promoción exterior del separatismo catalanista?

Que la Universidad de Harvard reserve audiencia para el actual titular de la Presidencia de la Generalidad de Cataluña es algo que cabría entender como muestra de liberalidad y cortesía, si fuera otro el contexto en que se produce, distinto el temario por el que discurre y diferente la hipótesis de trabajo al que la intervención se aplica.

Pero que Carles Puigdemont diserte, ante tan docto auditorio, para equiparar la democracia española con el régimen constituyente turco, porque Recep Tayyip Erdogan “autoriza al Ejército actuar contra sus propios ciudadanos”, supone un fraude frente a la buena fe del auditorio que escucha al conferenciante.

Aunque la cosa no acaba ahí. Añade el tribuno del frondoso tupé que “los expertos afirman que España sigue modelos como los de Albania, Armenia, Moldavia y Ucrania, y no cumple con la Carta Europea de los Derechos Humanos…” Y concluye así: “es difícil formar parte de un Estado español que permanentemente ignora las leyes europeas”.

Melonadas tan aparatosas, mendacidades tan truculentas, sólo son posibles por la desinformación y/o la ingenuidad de las autoridades académicas de esa Universidad, pero también por el concurso de una financiación puntual para tal campaña, con aportaciones privadas – que tendrían menor alcance y relieve -, o mediante la detracción de recursos públicos, que sí supondría una grave irregularidad. Porque esos dineros proceden de los impuestos que pagamos todos los españoles. O sea de cuantos habríamos de votar en cualquier caso para modificar o no la ley constitucional que preserva la integridad de la nación española.