La Casa Blanca, contra los jueces

La categorización de la defensa presidencial del bloqueado decreto migratorio, hecha por el presidente Trump ante la Asociación Nacional de Sereffis, cabría entenderla poco menos que como el salto desde un genérico populismo a un específico fascismo: en la medida en que el sometimiento del Poder Judicial al Poder Ejecutivo- que pretende con lo del el Decreto de marras sobre los derechos migratorios de los nacionales de siete países de mayoría musulmana -rompe el esquema del sistema de la separació de Poderes por el que se rige el paradigma democrático de Occidente. Al margen de la prima de facultades que confiere al Gobierno de Washington el modelo presidencialista estadounidense, Independiente del Parlamento; pero, en ningún caso de las leyes de la Nación y de la Norma Fundamental o Constitución en la que éstas se apoyan.

Calificar de “politizada” la Justicia de los magistrados que se pronuncian contra el famoso decreto del Presidente Donald Trump, como hace el actual inquilino de la Casa Blanca, es disentir desde la propia subjetiividad sobre los rangos de lo inseguro, actual y potencial, de los riesgos presentes y futuros derivados de la nacionalidad y creencias imputables a la Referida migración.

En términos generales, más allá de lo que quepa considerar como potencialmente inseguro para la vida de los estadounidenses, resulta obligada la observación de que en este asunto, como en cualquier otra materia, la idea de seguridad absoluta, en todas de las hipótesis de riesgo, comporta el reconocimiento de que conlleva un coste absoluto. De ahí que si la “seguridad nacional está en peligro, sería lo bueno que nuestro sistema judicial hiciera lo correcto – como el presidente Trump ha dicho en la ocasión que comentamos -, conviene señalar que lo incuestionablemente correcto sería que fuera el Tribunal Supremo norteamericano el que resolviera. Y no la Casa Blanca.