La irreversible derrota judicial del veto migratorio

En Estados Unidos, como en toda democracia de libertades – sea presidencialista (como es el caso) o parlamentaria – todos los poderes del Estado están definidos y limitados por ley. También los del Jefe del Estado. Y aunque las leyes se crean desde el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo es también fuente de normas puntuales, los Decretos, como facultades que la Constitución asigna a las competencias del Gobierno.

Esta noción elementalísima del funcionamiento del poder político conviene traerla a cuento al hilo del monumental escándalo montado por el presidente Donald Trump, con su Decreto sobre los derechos de Migración de nacionales de siete Estados con mayoría musulmana a los que la actual Administración Republicana quiso vetarles la entrada en la patria de las barras y estrellas. Sólo un personaje de tan patente incultura democrática, tan ajeno a los mecanismos de un Estado de Derecho como el que ahora ocupa la Casa Blanca, podía incurrir en síndrome tan completo de incompetencia técnico-política: al no dotarse de juristas en su equipo de gobierno, para que le asesorasen al embarcarse en su Decreto migratorio y para que se callara, ahorrándole el ridículo, ante el recurso de James Robart, el juez de  Seattle, primero de otros actores y anuncio de eventuales otras acciones en tal género de desmanes Presidenciales.

La derrota judicial del veto migratorio abunda en la hipótesis de que el Gobierno del magnate abra un ciclo de reiteraciones en otros ámbitos temáticos de la crónica del populismo trumpista. Que llevaría a una judicialización de la vida política estadounidense en términos desconocidos hasta ahora. La patológica aversión de Trump – espontánea por su incultura – a la independencia de los jueces, le lleva a entender como a entender como impropios “obstáculos” a su política los límites del ordenamiento jurídico. Sobre todo el de la propia Constitución.

Así, desde tal óptica, antepone Trump el califictivo de “supuesto” al juez Robart, que vetó el decreto contra migrantes, y se dirige a la Corte de Apelaciones para que rescate el decreto contra el fondo de civilización en que se apoya la Carta Magna: todo un monumento jurídico hecho por migrantes huidos de la persecución religiosa en Inglaterra.

El choque de trenes entre esta inédita Casa Blanca y la Constitución que pauta sus poderes, puede llegar al Tribunal Supremo, dónde primaria el voto tradicionalista del último de los magistrados incorporados.

Por cierto, este movimiento crítico se ha practicado a instancias de Trump. Se diría que no sabe qué se hace, por ser este nuevo Magistrado del T.S