Grietas profundas en la impunidad de Maduro

Se puede delinquir desde el poder del Estado constitucional contra las libertades de los ciudadanos y el amparo de las leyes a los adversarios políticos; se pueden ignorar los límites que el derecho establece para preservar las garantías de los gobernados y los fueros de los partidos concurrentes en el menester de la cosa pública; cabe incluso la posibilidad práctica de mantenerse un cierto tiempo en el abuso del poder. Pero no cabe demorarse indefinidamente en la irregularidad política, el abuso social o la interesada arbitrariedad económica. Tal es el cuadro de quebrantos que configura la gestión de Nicolás Maduro, especialmente desde el 6 de Diciembre de 2015.

Quien fuera designado por Hugo Chávez conductor de la Revolución Bolivariana, y como tal candidato a la presidencia de la República, luego de conseguir después de unas polémicas elecciones presidenciales la consolidación como Jefe del Estado, y luego de una gestión más que sólo polémica en todos los capítulos de la gobernación del país – desde el orden social y la seguridad ciudadana a la gestión económica y las relaciones exteriores -, el fracaso ha sido de tal magnitud que las elecciones parlamentarias de hace seis meses fueron ocasión para una derrota política de tal magnitud que las fuerzas políticas integradas en la MUD (Mesa de Unidad Democrática) consiguieron una mayoría de escaños superior a los dos tercios del total del Parlamento.

Es decir, con peso bastante para poder aprobar no sólo leyes ordinarias sino también leyes de las llamadas Orgánicas, de rango jerárquico superior, como reguladoras de ámbitos especiales del orden jurídico- político. A tal nivel de competencias pertenece, por ejemplo, la que regula el llamado Referéndum Revocatorio: consulta popular en cuya virtud cabe recabar la posibilidad de echar atrás el nombramiento del Jefe del Estado que se hizo en su día con la mayoría resultante de las elecciones presidenciales. Se trata, con esta figura revocatoria, como cabe advertir, de un mecanismo depurador/rectificador de las decisiones tomadas desde la voluntad popular y democrática, definida por y desde las urnas. Una competencia parlamentaria de volver sobre los propios pasos que sólo cabe plantear cuando la nueva mayoría la soporta un nivel de voluntad nacional tan inequívocamente suficiente como el establecido por las urnas del 6 de Diciembre de 2015.

Tal mecanismo de depuración jurídico-procesal únicamente funciona de forma correcta cuando lo hacen las condiciones de contexto. Justo las que no son del caso en la Venezuela de ahora mismo, dónde no existe división de poderes real y efectiva. El poder Judicial es práctica y funcionalmente tanto como una palangana en la que el Ejecutivo, representado por Nicolás Maduro, subviene a los problemas de higiene formal resultante de sus desahogos y desmanes contra el orden constitucional y democrático.

Tanto se ha insistido en los abusos chequistas del madurismo (última versión del chavismo) antes y después de las últimas elecciones, especialmente durante la pantomima judicial del proceso y del previo encarcelamiento de Leopoldo López, que ante la escandalera internacional montada, se ha llegado al punto de que la OEA (Organización de Estados Americanos) ha llegado a la consideración de suspender a Venezuela de su condición de miembro de la misma. Este proceso de hibernación política venezolana podría comenzar mañana martes o pasado, miércoles.

Las artimañas dilatorias para dejar fuera de plazo los trámites para aplicar a Maduro el Referéndum Revocatorio, implica tanto como “una alteración del sistema constitucional que afecta gravemente a su orden democrático”. Así reza el artículo 20 de la Carta Interamericana al definir la causa bastante para suspender la pertenencia de Venezuela a la OEA.

Tales son las referencias en las que hay que encajar las posibilidades internacionales de Nicolás Maduro. No en las “alianzas internacionales” que, se dice, intenta orquestar ZP en aquella región. Cual si se tratara de una nueva alianza de “civilizaciones democráticas”: la del Derecho Occidental y la de los compañeretes de logia, o de socios de Ali Babá.