Horas críticas en la tensión política de Venezuela

El pulso entre los poderes del Estado, por el enfrentamiento del presidente Nicolás Maduro y las instituciones que domina por su precedente capacidad para designar sus componentes -concretamente, en el ámbito del Poder Judicial y, en el vértice de éste, el Tribunal Supremo de Justicia-, frente a la presente autoridad democrática representada por la Asamblea Nacional, con su actual capacidad dirimente engendrada por los votos nacionales en las elecciones generales del 6 de Diciembre – de la que se deriva el poder de votar el cambio, la derogación, de las leyes convertidas en andamios para las atribuciones dictatoriales del chavismo -; el enfrentamiento, entre el régimen y sus adversarios de la Mesa de Unidad Democrática, alcanzaba su cénit en la mañana del viernes, cuando se cumplía el plazo para que ésta aceptase o rechazara el contenido del Decreto por el que venían a establecer las condiciones gubernamentales de “Emergencia Económica” en Venezuela.

El hecho de que la cuestión se planteara en términos de total disyuntiva, de sí o no, sin cabida para negociar reforma alguna, venía a suponer tanto como un choque frontal, de dimensión rigurosamente crítica, entre el régimen chavista y la fortalecida oposición democrática en las elecciones del pasado diciembre. Pero al margen de ello, según fuentes venezolanas, el Gobierno de Nicolás Maduro habría impartido ya instrucciones de preparar y ejecutar, con la colaboración de las Fuerzas Armadas, una inmediata sustitución de lo que resta de mercado libre para bienes de consumo por otra de consumo intervenido, regulado, en formato de racionamiento a través de cartillas con sus correspondientes cupones, tal como se hizo en España en los años de postguerra, por razón y causa del desabastecimiento derivado del cerco internacional impuesto al régimen de Franco por parte de las potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial.

En la lógica la más que presunción de que la mayoría parlamentaria rechazará aceptar el actual texto del Decreto sobre la Emergencia económica, son de resaltar cifras que ilustran muy cabalmente el formato de la catástrofe económica en que ha sumido el chavismo a Venezuela: una inflación del 245 por ciento en 2015 y una contracción del ocho por ciento, según el FMI. De ahí que Juan Guerra, diputado opositor y presidente de la Comisión parlamentaria que ha analizado el texto, haya anunciado que lo rechazan por partir de una “equivocación en el diagnóstico del mismo”.

Lo rechazado en el fondo por el Parlamento venezolano no ha sido otra cosa que la no aceptación de la catástrofe económica como parapeto político.