Ética supranacionalista para la unidad europea

A partir de la obviedad de que si se parte de la desaparición de las fronteras interiores de la Unidad Europea – cuyo ámbito común ha de ser defendido en cualquier caso, como debe serlo toda entidad soberana en tanto que soporte y marco de los derechos y libertades de los ciudadanos que integran las respectivas comunidades nacionales-; desaparición originada por haberse establecido el Tratado de Schengen, ello arrastra la consecuencia de que la protección frente a los riesgos procedentes del exterior deba suplirse mediante un control fronterizo perimetral, acordado entre los Estados integrantes. Un control establecido y derivado, efecto y consecuencia, de la previa realidad suscrita en Schengen.

Las propias exigencias prácticas para la articulación de las respuestas exigidas desde la multiforme presión migratoria exterior, dados los diversos orígenes y condición de ésta – refugiados que huyen de la guerra en sus propios países, como es el caso de sirios e iraquíes, cuya identidad de tales debe ser autentificada en los correspondientes controles de acceso al espacio comunitario – y por la propia variabilidad de los flujos para el conjunto de los flujos migratorios, igual en términos de identidad, como refugiados de guerra, o como simples emigrantes en pos de un nuevo destino de mejora laboral y vital; todo ello, en cualquier caso, supone desafíos técnicos y costes de mayor cuantía.

Consiste y supone todo ello una problemática que reconfigura la entidad de las necesidades y desafíos sobrevenidos a sociedades y Estados pertenecientes al perímetro fronterizo de la Unión Europea, muy especialmente en el sur y el sureste de ella. La cuestión resulta patética en situaciones como las afrontadas por Grecia. El barullo es poco menos que infernal a la hora de discernir y cribar los flujos de esa población itinerante, tan diversa, de huidos de la guerra para salvar su propia vida y la de sus hijos, y de aquellos otros que buscan nuevos horizontes dónde sólo mejorarla.

En el orden práctico, como ya se ha probado repetidamente desde que comenzó la riada migratoria desde Siria e Iraq – inicialmente desde el genérico inicio de la guerra civil, y después por la eclosión brutal del Daesh como carga añadida a ese conflicto -, lo sobrevenido ha sido, además de una emergencia humanitaria y de un riesgo de infiltración terrorista, sobrevenidas incapacidades para gestionar los términos del desafío generados desde una situación tan radicalmente nueva, en términos de costes económicos y de retos a la propia seguridad nacional. Son supuestos, principalmente, en los que se involucran de forma secuencial problemas para el conjunto de la Unión Europea.

Todo ello ha acabado por definir la necesidad de una Guardia Europea de Fronteras y Costas, con más recursos, más poder y capacidad para movilizar un cuerpo de 1500 agentes con los que asistir a los Estados miembros en circunstancias de emergencias excepcionales generadas por los flujos migratorios, en términos tales que las actuaciones se produzcan en todo caso, sean o no estas actuaciones del gusto del Estado en cuyo ámbito haya sobrevenido la emergencia. Para un compartido espacio sin fronteras, la seguridad del perímetro fronterizo conjunto no cabe dejarla al arbitrio o voluntad de una entidad nacional periférica perteneciente a ese conjunto. La cuestión – no es ocioso subrayarlo – responde y ejemplifica los imperativos de la ética supranacional entre los componentes de la Unión Europea.