Las urnas de Maduro, trampa de Estado

Para lo que queda desde ya hasta el 6 de diciembre, con la celebración de las elecciones, el debate está servido en Venezuela y en el conjunto del mundo hispánico. El veto del Gobierno de Nicolás Maduro a una eventual supervisión interamericana del proceso electoral, ha sido la nota más alta en el concierto de críticas a la transparencia del entero sistema chavista. Críticas ahora exacerbadas por la acumulación de polémicas sobre la instrumentación por el Gobierno populista venezolano de instituciones como el Consejo Nacional Electoral (CNE), dónde la transparencia está suplida por la opacidad y en lo que no resulta factible verificar la identidad y el número de votantes, por la imposibilidad práctica de efectuar auditorías serias que legitimen los resultados supuestamente habidos en las urnas.

Sólo faltaba para redondear el clima de desconfianza que impera en el país y la convicción de las fuerzas opositoras de que sólo un milagro haría posible el correcto funcionamiento de la consulta, la oposición frontal del Gobierno de Nicolás Maduro a que la Organización de Estados Americanos (OEA) supervise la consulta, puesto que para tales efectos supervisores el régimen bolivariano sólo admitiría la comparecencia de cofrades populistas como los de UNASUR, lubricados con el devaluado oro negro.

En el fondo y en la forma la anomalía venezolana en lo tocante a la carencia de garantías de limpieza en el proceso electoral es la misma que afecta a la ausencia de separación real en la relación entre los poderes del Estado. Cosa que de otra parte es algo consustancial a la propia naturaleza totalitaria del régimen. De hecho los observadores internacionales hacen notar que el rechazo venezolano de la supervisión por la OEA de los procesos electorales, tiene su origen y coincidencia con la llegada al poder del chavismo “bolivariano”.

Y, de otro punto, es actitud política que enlaza con el rechazo de la participación de Felipe González Márquez, el ex presidente del Gobierno español, en la defensa del opositor Leopoldo López, condenado sin pruebas a más de 13 años de prisión por supuestas responsabilidades en las muertes de manifestantes habidas en la última gran protesta de Caracas.

Esta acumulación de prácticas políticas, procesales y de todo tipo en el ciclo del chavismo, no sólo constituyen en general una agresión sistémica a los principios del mundo democrático y del Estado de Derecho, sino que están planteando ya interrogantes de bulto sobre su viabilidad a corto plazo. Menos por la sostenida caída del pecio del crudo como por el interés cubano en normalizar la relación económica con Estados Unidos. Lo que le permitiría “independizarse” de la subvención petrolera del chavismo.