La narco-izquierda americana instalada

La concreción y ampliación de las denuncias periodísticas por el Wall Street Journal, sobre las supuestas implicaciones en el narcotráfico hemisférico de figuras muy relevantes del régimen chavista de Venezuela – denuncias que motivaron la represión de los responsables periodísticos, a quienes se ha prohibido salir del país – ha elevado sustancialmente el eco internacional de tan gravísimas denuncias. El asunto ha pasado de tal manera del plano de la crónica de sucesos de contenido político a rango de mayor cuantía y profundidad. Algo de peso y profundidades sistémicas, pues comprometen de cabo a rabo al poder vigente en aquella república sudamericana. Y tanto a ella misma como a ciertos de los Gobiernos nacionales de su entorno ideológico y regional.

A tal punto ha llegado internacionalmente el escándalo que, según el referido medio estadounidense, la Administración estadounidense investiga a la segunda autoridad del país, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, dentro del marco de las referidas denuncias periodísticas en las que se llega a señalar su supuesta condición de vértice supremo del tinglado narcotraficante y del correspondiente lavado de los recursos dinerarios generados por el mismo en los mercados estadounidense y europeo. La circunstancia de que las investigaciones norteamericanas se encuentren en manos de los fiscales federales de Nueva York y Miami, refuerza la sostenibilidad de las apreciaciones que se desprenden de las denuncias periodísticas, que, en el caso de los medios venezolanos represaliados, se ha resuelto de momento en una nueva coz gubernativa a la libertad de prensa.

La pirámide de responsabilidades individuales y políticas en cuyo vértice provisional aparece la cabeza de Diosdado Cabello, reposa sobre una compacta nómina de gerifaltes en la que se incluyen desde el ex responsable de inteligencia militar Hugo Carvajal, acusado por la Administración estadounidense desde hace siete años de ser gestor del narcotráfico con la guerrilla colombiana de las Farc, al actual Defensor del Pueblo y ex ministro del Interior Tareck el Aissami. Y junto a ellos, una cumplida nómina de generales, en la que destaca, según las mismas fuentes norteamericanas Luis Motta Dominguez, general de la Guardia Nacional Bolivariana.

Pero casi tan interesante resultan ahora las informaciones periodísticas sobre los hechos que se denuncian podría serlo la mirada retrospectiva sobre los que sucedieron en Honduras el año2009, cuando en el contexto de la reiterada utilización de su territorio por el transporte aéreo de la cocaína, procedente de Colombia y traída hasta Venezuela camino de Guatemala y México, Manuel Zelaya, el entonces presidente de Honduras concluía por entonces su segundo y último mandato consecutivo conforme la Constitución vigente y los votos de la derecha. Quiso optar a otro periodo presidencial y para ello fabuló un referéndum constituyente del que saliera otra Carta Magna que ampliase a tres los mandatos presidenciales y con ello eternizarse en el poder, presumiblemente para hacerlo asimismo en el cobro de los portazgos de las escalas aéreas de la “nieve” colombiana.

El Parlamento, el Tribunal Supremo y el Ejército hondureños, de consuno, pusieron los pies en pared, dijeron No, metieron a Zelaya en un avión y lo sacaron del país. Y vino lío y la campaña internacional en defensa del alto colaborador de los tráficos bolivarianos. El más ardoroso debelador de la acción de los “golpistas” no fue otro que el entonces ministro de Asuntos Exteriores de Hugo Chávez: Nicolás Maduro. ¿Le suena de algo este nombre al lector? No es de ahora la imbricación del narcotráfico de allí con la deriva chavista y asociados – continentales e insulares – por las pistas de la “nieve”.