Precondiciones morales para Ucrania y Rusia

Morales son las condiciones planteadas por Joe Biden al presidente provisional de Ucrania, Olexander Turchinov – las de un esfuerzo nacional suficiente contra la corrupción -, como requisito previo para el apoyo de Estados Unidos a su causa de independencia soberana frente a la injerencia rusa. Un apoyo que de momento implica la exigencia a Moscú de que se implementen los acuerdos logrados el pasado jueves en la reunión celebrada en Ginebra, además de recabar de la Federación Rusa a que presione para que sean desalojadas las sedes gubernamentales del Estado ucranio ocupadas por las milicias pro-rusas en el sureste del país.

La presión estadounidense en la primera de las demandas encuentra sobrelegitimación política – además de la moral – en la propia medida que fueron las prácticas corruptas del abandonado Gobierno de Victor Yanukóvich, lo que dio pie a la protesta popular que disuadió a éste de continuar en el poder. La cosa tiene, como se advierte, una compartida proyección: sobre el régimen provisional que deben revalidar las elecciones del 25 de mayo, y sobre el Gobierno que le precedió; principalmente, en este caso, por la corrupción máxima que fue la traición política de Yanukóvich al no llevar a la Cumbre Europea de Vilna el acuerdo nacional ucranio de suscribir la asociación con Bruselas.

Un proceder y el otro contra la moral y la transparencia, expresa un paisaje y una “cultura” política que arranca del peso de los largos 70 años que Ucrania permaneció ahormada por el troquel soviético, mientras la URSS subsistió como tal; y, luego, por los años que Rusia permaneció sumida en la sopa moral del oligarquismo económico sobrevenido en el periodo del postsoviético, donde cristalizó el putinismo como subespecie que vencedora de la partida contra los llamados Siete Oligarcas. Una resultante que en Ucrania hizo posible por ósmosis geopolítica la fortuna de Yanukóvich, sus socios y sus secuaces.

Tal es la realidad, la intrahistoria, de ese problema nacional ucranio de la corrupción, puesto sobre la mesa a las primeras de cambio por el enviado de la Casa Blanca a Kiev. Por eso es plazo de importancia tan crítica este que media desde aquí a un mes, cuando se celebren las elecciones presidenciales en Ucrania. Ocurre en verdad que aquello que realmente habrá de ventilarse el 25 de mayo no será solamente la democrática legitimación formal en las urnas del nuevo poder vigente en Ucrania – cuya legitimidad popular es incuestionable -, sino, previa y principalmente, el afianzamiento de los presupuestos nacionales de estricta soberanía e independencia. Presupuestos contra los que Moscú tiene echado su propio pulso en contrario.

El Kremlin de Putin, como si fuera el de Brézhnev – al tiempo que Ucrania fuese la Checoslovaquia de 1968 -, tiene diseñado para esta crítica tesitura en el oriente europeo, una reedición de aquella brezneviana “soberanía limitada”. De ahí que el discurso ruso de ahora mismo consista esencialmente en algo así como en el cuarteamiento de la unidad nacional de Ucrania conforme un modelo de configuración confederal. Como si las singularidades internas del hecho histórico ucranio debieran trastocarse en parcelas cuasi-soberanas y abiertas a la posibilidad, en el momento procesal oportuno, de entrar en el campo gravitatorio de la Gran Rusia, o Tercera Roma, representada por el neozarismo putiniano.

Ese planteamiento, como bien se advierte, parte de la premisa mayor consistente en negarle a Ucrania la condición de ente nacional único, por más que en su seno coexistan minorías carentes de sustantividad nacional, aunque desde el Kremlin de ahora se las empapele con pasaportes rusos por el hecho de que sean ruso-hablantes. Se trata, como se advierte, de otro género de corrupción: del que Washington deberá también decir, en este caso a Moscú, que se abstenga. La corrupción histórica es tan rechazable y más peligrosa aún que la corrupción económica.