Un embotellado desafío sindical

Encabalgados los dos sindicatos de izquierdas en lo mollar de la coyuntura ideológica aportada por el frente político de oposición al Gobierno; enriscados en el explosivo cóctel de la información deficiente y la pedantería moral, se han montado en la cadena de las protestas callejeras contra todo lo que el Gobierno ha venido a reformar y por cuanto pueda convenir, en términos generales, al éxito de la política económica. Poco les importa, por lo que se ve, la conveniencia y la necesidad de consolidar a largo plazo las condiciones en que la exportación se ha disparado, ni por los inducidos efectos para que las inversiones extranjeras abunden en la creación de nuevos puestos de trabajo.

Instalados en tal camino de agitación se convierten al mismo tiempo en infraestructura y en motor social de la protesta política. Igual para comparecer ante el Congreso de los Diputados al aire de toda oportunidad, han rizado el rizo de su discurso contra los referentes mayores de cuanto representa la economía libre. Y lo hacen magnificando los flecos, tan ciertos como inesquivables, de un expediente de regulación de empleo (ERE) sobre el costado español de una de las más emblemáticas y globales empresas americanas.

Y de tal manera, atascado, embotellado, el proceso de negociación del ERE de Coca-Cola Iberian Partners – que es la empresa española envasadora de este refresco estadounidense de curso como universal -, las partes no avanzan hacia el buscado acuerdo por rechazar los sindicatos las condiciones empresariales de compensación ofrecidas para pactar el cierre de algunas de sus plantas, al redundar las mismas en el conjunto empresarial al que corresponden, por efecto del cambio logístico aportado desde la modernización en todos los órdenes de los medios de transporte españoles.

Distribuidas por todo el ámbito nacional, el peso económico de sostener innecesariamente las mismas, lastraría la viabilidad última del grupo al que pertenecen, sobre todo si subsiste el lastre marginal de la crisis que tan duramente golpeó y aun golpea el consumo del producto en cuestión y de otros muchos más. De lo que se trata en este caso es que ese número de plantas embotelladoras pertenecientes a una misma empresa haría peligrar la viabilidad final de ésta, y con ello la de los empleos del entero conjunto, de no reajustarse a tiempo el número de las unidades embotelladoras.

Así las cosas, a los sindicatos se ha dado a entender que dentro de los plazos legales establecidos para estos procesos de negociación colectiva, podría rebajarse el nivel de las empresariales propuestas compensatorias ofrecidas. Dicho de otra manera, se iría al endurecimiento de las condiciones económicas empresarialmente aportadas o al cambio de la reducción final del número de puestos de trabajo que el acuerdo comportaría.

En un contexto así, que los sindicatos definan como cuestión de principio, de línea roja”, el cierre de algunas de esas plantas embotelladoras, eleva este incidente negociador al rango de conflicto sistémico. Puesto que una proclama de este porte supone tanto como reclamar, por los sindicatos, condición y rango de soberanía social; o sea, de capacidad irrestricta para llevar tales exigencias por encima de las condiciones de negociación que la ley establece. Pues así es lo propio de la función reguladora que corresponde al Estado Democrático de Derecho.

Esta extremosidad en la dialéctica sindical afecta a la percepción por parte de los inversores extranjeros de que en España las condiciones de seguridad jurídica resulten algo más que manifiestamente mejorables. Especialmente en materias tan sensibles como las que afectan a las relaciones laborales de empresas dependientes o directamente relacionadas con todo ello. Como es el caso de las embotelladoras funcionalmente ligadas a Coca-Cola.

Desde perspectivas tales, de “argentinización social” no cabe olvidar el efecto devastador que lo mismo puede tener para la entrada suficiente de capitales extranjeros dentro de nuestro sector industrial. Especialmente, cuando la acción de los piquetes sedicentemente “informativos” viene suplida, al engranarse en el actual tren de las borrascas sociales, ahora promovidas sobre el horizonte de las elecciones para el Parlamento Europeo del próximo Mayo, por sindicatos y partidos de izquierda, contra las reformas aplicadas por el Gobierno del Partido Popular.

Se trata de una estrategia de amplio radio temático. Va desde la política sanitaria a la Ley de Educación y al regreso normativo, en la cuestión del aborto, a lo que fue la Ley de 1985, durante los Gobiernos de Felipe González. Con ocasión de la cual éste manifestó que rozaba los límites constitucionales establecidos para la defensa del “nasciturus”, del concebido y no nacido. Vida humana en plena indefensión a la que corresponden derechos constitucionales, inequívocamente preferentes, sobre los reclamados desde la “ginecoprogresía”.

Estamos con todo esto ante una mezcla explosiva a la que sólo faltaba esa suerte de dialéctica sindical que prescinde de lo económicamente razonable para no espantar la inversión extranjera. Ese flujo de recursos tan necesario para la creación de puestos de trabajo y a la que se asocia, en la misma carga política, la embestida contra la “chispa de la vida” y mucho más.