Crisis política transversal en Turquía

La dimisión de diputados del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), en la que figura un ex ministro del Gobierno de Erdogan, se ha venido a sumar a la de titulares de varias carteras (Planificación Urbanística, Economía e Interior, cuyos hijos fueron arrestados, tras la acusación de participar en una trama de sobornos, dentro del conjunto de una redada policial en la que ha sido detenido medio centenar de personas. Al propio tiempo, un fiscal ha sido apartado del caso por denunciar que el Gobierno bloquea una investigación que involucra a un hijo del propio Erdogan.

Tres son las líneas temáticas que se entrecruzan en el muy potente escándalo que afecta al actual Gobierno turco al cabo de su larga década en el poder. Está, de una parte, la que sería afloración de la crisis interna en el propio movimiento islamista que ostenta gobierna en Estado; movimiento integrado por el AKP de Recip Erdogan, y por la formación Gülen, de orientación sufí, concertados durante el periodo de acceso al poder y hasta tiempo reciente. Ahora enfrentados.

De otra parte se encuentra la génesis político-económica del propio escándalo de corrupción inmobiliaria, que ha desembocado en el actual escenario de dimisiones y ceses ministeriales en el Gobierno de Ankara; génesis en las que se mezclan los colores de la corrupción económica y la sombra de la política global del Oriente Medio. Intervienen capitales iraníes, la participación de un banco público turco y el envolvimiento de todo ello en el fondo de un importante acuerdo petrolero entre Irán y Turquía. Tal relación sería lo que ha dado pie a que los medios gubernamentales turcos vengan en querer explicar el escándalo por supuestas maniobras de los Servicios secretos israelíes por la enemiga declarada del Estado judío a la República Islámica de Irán y, en cierta medida también, por la profunda irritación que produjo al Gobierno israelí el activismo turco cuando el bloqueo de Gaza; activismo con el que se solidarizó en tiempos del presidente Ahmadineyad el Irán patrocinador de la beligerancia de Hamas.

Una tercera perspectiva del problema, incluida también en el enfoque de los medios gubernamentales turcos, sería la de la hipotética instrumentación política del escándalo desde los medios militares del país: de larga data de ejecutoria anti-islámica y de intervención política con golpes de Estado en 1960, 1971 y 1997. Pero otro asunto o distinto aspecto de esta crisis política transversal en Turquía es el de la desviación en la ortodoxia democrática por parte de Erdogan cuando éste, al presionar sobre la policía judicial para que informara a los superiores jerárquicos de sus investigaciones sobre la trama de corrupción causante del escándalo y de la subsiguiente crisis.

Esa no menos escandalosa presión del Ejecutivo sobre la autonomía de los jueces ha sido causa de que la Comisión Europea urgiera a Turquía a tomar las medidas suficientes para garantizar que el vasto episodio de corrupción que ha afectado al Gobierno sea investigado de modo imparcial e independientemente. Los nexos de asociación con la Unión Europea obligan a Turquía – sea cual sea el color, religioso o laico, de su Gobierno – a respetar el código de las libertades políticas, puesto que en casos así reposan sobre el principio de la separación de poderes y la consecuente independencia de los jueces. A la corrupción económica se ha sumado una alarmante desviación sistémica, incompatible con la asociación a la UE.