Injerencia francesa

¿Quién le ha dado vela al Gobierno socialista francés en el entierro del abortismo socialista en España? Su portavoz, Najat Vallaut-Belkacem, que es también ministra de Derechos de las Mujeres, ha dirigido una carta al Gobierno español para expresar su “honda inquietud” por la reforma, puesto que España -dice- era una referencia para quienes luchan contra la violencia hacia las mujeres” en este ámbito de la interrupción voluntaria del embarazo.

Dos cuestiones de principio son las concernidas en esta iniciativa epistolar de un miembro del Gobierno francés que por su condición de portavoz la hace extensiva al conjunto del Gabinete. Por una parte, aquella que concierne al principio de no injerencia del Gobierno de un Estado en los asuntos internos y propios de otro; por otra, como contenido de esa injerencia, la esgrima ideológica de que el supuesto derecho al aborto fuera el corolario de otro de legítima defensa que legitimaría como tal la libre interrupción del embarazo.

Esta subjetividad ideológica propia de un mayoritario discurso socialista puede decirse que deriva de una dialéctica – posiblemente de entronque marxista – que entiende la lucha de género como correlato de la lucha de clases, tal como ocurre en otros planos del discurso del castro-comunismo cubano cuando hace del activado indigenismo iberoamericano un remedo del proletariado europeo desde la mitad del Siglo XIX hasta fines, cabría decir, del Siglo XX.

De entrambas cosas se forma la para mi sorprendente iniciativa del poder transpirenaico respecto de un acto de soberanía legislativa del Gobierno español, en cuyo trasfondo político interno no existe interna fractura de consenso político respecto la regulación legislativa respecto del aborto. La fractura de ese consenso vino de la mano, como tantas otras, sobre la concertación política, social y territorial, de José Luís Rodríguez Zapatero, el más nefasto gobernante que posiblemente nunca tuvo España. Fue lo suyo todo un conjunto sistémico de quiebras que acabó con los mínimos de convergencias nacionales en que se vino a tejer el proceso de la Transición.

Conviene recordar respecto de la regulación del aborto aquello que dijo Felipe González en su momento respecto de la ley de 1985, al considerar que agotaba hasta el límite las posibilidades de la Constitución. No era aquel testimonio argumental del ex presidente del Gobierno un comentario baladí tenido en cuenta qué sobrevino después en el curso de la Transición, al activarse medularmente desde el zapaterismo (Ley de Plazos de 1910) la ofensiva del feminismo de izquierdas y especies asociadas en la dialéctica “progresista”, más ilimitada que sólo expansiva de los derechos, puesto que su discurso excluía y sigue excluyendo ahora – de la mano y por boca del sucesor de ZP y formaciones adláteres – el proporcional y simétrico correlato de las obligaciones morales y los límites constitucionales en la protección del “nasciturus”, del no nacido.

Ni existen derechos ilimitados en ningún orden de la vida, ni cabe olvidar los derechos que asisten al no nacido, como tampoco ignorar que la vida viene dada desde el propio momento de la concepción. Dicho sea esto desde y para la mayoría absoluta de cuantos, españoles, pensamos en cristiano. Es un consenso de conciencias soberanamente protegido por la Constitución, merecedora del respeto de propios ajenos.