Entre las contradicciones y la descoordinación

¿Tiene toda la razón del mundo el director de la NSA, la agencia de seguridad nacional norteamericana, cuando afirma en Washington, ante el Congreso, que “ni los periodistas ni la persona que robó esos documentos saben lo que tienen delante”, o sólo la tiene en parte? Ello podría ser cierto, pero no recoge del todo el clima suscitado en los países aliados por sustracción y difusión de esos documentos, puesto que el asunto va más allá de los errores cometidos por los actores mencionados en la intervención ante la Cámara de Representantes del general Keith Alexander, director de tal agencia de seguridad.

Los Gobiernos concernidos en esta historia, cabe decir, habrían incurrido en responsabilidad ante sus respectivas sociedades nacionales por no haber coordinado, internamente, determinadas prácticas de información y actitudes públicas sobre ello, especialmente a la vista de la escandalera desatada por el robo y difusión internacional de determinados fondos documentales en que supuestamente habrían colaborado los servicios de Inteligencia franceses y españoles, según afirma, como queda dicho, el director de la NSA.

Al menos en el caso español, parece patente la descoordinación habida entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el ministerio de Asuntos Exteriores, al no precisarse supuestamente a Exteriores los términos de autoría en que se resuelve su colaboración informativa con la NSA. Impecable en principio porque se trata de algo normal entre dos naciones aliadas y con intereses específicamente comunes en la lucha contra el terrorismo. Alternativamente a la hipótesis de descoordinación, es obligada la pregunta de si lo manifestado por el general Alexander no se corresponde sustancialmente a la verdad de los hechos.

En parecida responsabilidad, de otro punto, habría incurrido la Administración estadounidense por no haber salido desde el primer momento al paso de la situación creada por Snowden, tras de haberse éste apropiado, y posteriormente difundido, materiales cuya naturaleza técnica desconocían, en términos críticos, tanto el ladrón como sus colaboradores del primer momento y los periodistas en general qué era lo que tenían y “tienen delante”, como ha dicho el director de la Agencia norteamericana.

En un caso y en el otro, por parte del CNI y de la NSA, ha prevalecido la norma profesional de mirar a otra parte, el secretismo, cuando la muy escandalosa naturaleza de las prácticas informáticas afloradas había puesto en la calle los tan llamativos rasgos de su labor. De un trabajo en el que, al menos por parte norteamericana, se han reiterado los abusos, con los seguimientos a jefes de Gobierno de naciones aliadas. Tal como ha sido el caso de la Canciller de Alemania. Prácticas que la Casa Blanca deja entrever que se moderarán en los sistemas de acopio de datos procedentes del exterior.

Pero en la parte española de la escandalera ha sido notoria la lentitud de reflejos del CNI al no informar posiblemente con la prontitud debida a la presidencia del Gobierno sobre aquello que nos tocaba en la polvareda montada con las tareas desplegadas por la NSA. Es decir, más allá de lo referente al cribado informático de los tráficos internacionales de comunicaciones en los que opera el yihadismo terrorista por todo el ancho mundo. El CNI, antes de comparecer su director en el Congreso, parece que debería haber actuado con más diligencia, al ritmo que requiere el actual giro de las cosas. Pero en todo caso a la primera potencia mundial no sólo obliga en sus comportamientos su propio derecho y el de sus aliados, sino también la moral superior de que blasona. Se debe a más explicaciones que las dadas por el general Alexander a la Cámara de Representantes.