De cómo la seguridad puede traer inseguridad

Es curioso que al cabo pueda decirse de la seguridad aquello que cupo decir la libertad: “¡cuántos crímenes se cometen en su nombre!” Una reflexión de este tipo podría muy bien haber presidido, en el Consejo Europeo comenzado ayer lo deliberado sobre los actos de espionaje por parte de la Inteligencia norteamericana entre sus aliados de la OTAN, e incluso los jefes de Gobierno, tal como ha sido el caso de Angela Merkel, canciller de Alemania.

La invocación del común interés en la seguridad frente a los peligros del terrorismo islámico ha sido la excusa de los servicios estadounidenses, puestos al descubierto por la defección de algunos de sus componentes. Un argumento justificado en nombre de la seguridad, que resulta de muy difícil aceptación por la simple razón de que son muchos más los intereses públicos y privados que resultan afectados por ese género de prácticas.

Se trata, pura y simplemente, de un abuso de poder realizado al cabo de unas prácticas de intromisión en lo ajeno sistémicamente sostenidas y realizadas desde el más formidable aparato de poder en todos los órdenes conocido a lo largo de la Historia. Nunca se pudo disponer de tantos recursos del más alto nivel tecnológico para la intromisión en el mundo de los demás, incluidos entre éstos los propios aliados.

Esquivar el distingo entre lo que se puede hacer y aquello que no se debe hacer ni practicar, implica un nivel de perversión moral de alcances poco menos que estremecedores. Pues, preciso resultar insistir, de ello deriva tanto como la desconsideración global sobre la diversidad inmensa de intereses afectados por el pirateo de las comunicaciones y de los secretos, públicos o privados, de orden político y de naturaleza económica.

En un mundo tan globalizado como este al que se ha llegado, las dimensiones de la conflictividad que se genera con lo actuado por la primera potencia militar y económica del mundo, estribada en los valores morales de la democracia y en el respeto a los derechos humanos, resulta obligado pensar y decir, preguntarse, qué habrían dicho los padres de la Constitución norteamericana ante la hipótesis de una situación semejante a esta de ahora mismo, es decir, ante una injerencia no menos global de alguna de las Administraciones de la Unión como la hecha por el Gobierno del presidente Obama en los tráficos de comunicación, incluso los personales y privados de sus aliados entre sí.

La lucha contra el terrorismo islámico no puede ser, de ninguna de las maneras, coartada para hacer lo que se ha hecho desde Washington “erga omnes”, o sea con y sobre todos: amigos, enemigos, adversarios o simples concurrentes en los mercados. Cierto es que el “yihadismo” terrorista ha causado a la nación estadounidense daños acaso irrepetibles o insuperables. Pero ello no legitima de ninguna manera este escándalo de ahora. Posiblemente insuperable también.