La victoria póstuma de ZP

En tanto este viernes próximo la sala de lo Penal de la AN se reunirá para establecer cómo la sentencia de Estrasburgo afecta a los presos concernidos por la aplicación de la Doctrina Parot; mientras las víctimas del terrorismo etarra y de los crímenes más superlativos en el ámbito del derecho común anuncian movilizaciones, porque enfrentan una circunstancia que ha venido a resucitar el dolor de sus heridas, privándoles del consuelo de la Justicia nacional, y también es nacional, española, la interpretación en contrario de que se les diera antes la libertad a estos presos, contra el sentir de la abrumadora mayoría de nuestros compatriotas; cuando el instinto de supervivencia en paz se rebela contra la complicidad política con los intereses de los terroristas y de los últimos y objetivos beneficiarios de éstos, los del nacionalismo vasco y catalán …, reaparece en el centro de la inmediata memoria nacional el malhadado “proceso de paz”. Ideado, impulsado y motorizado por el Gobierno socialista salido de unas elecciones celebradas al pie del 11-M de 2004. El más grave atentado terrorista nunca padecido por España.

La evidencia de los hechos mismos y la lógica del corazón llevan a las víctimas del terrorismo al sentimiento irrebatible de que el desenlace de la resolución del Tribunal de Estrasburgo es tanto como el coste del mal llamado “proceso de paz”. Conjunto de actuaciones desplegadas desde una establecida unidad de propósitos en la ignorancia activa contra la unidad nacional. Ello ha incluido desde la debelación de la Ley de Partidos, con lo que se dio paso al regreso del separatismo de los terroristas vascos a las instituciones, a la actuación de Carod Rovira, segunda jerarquía entonces en el polémico Gobierno Tripartito de Cataluña, con su entrevista en el sur de Francia para el pacto con dirigentes de Eta, incluido Josu Ternera.

Pero entre todo esto destacan, escandalosamente, afirmaciones tan gravemente descalificadoras de un presidente del Consejo de Ministros como aquellas de José Luís Rodríguez Zapatero, a propósito de la realidad de España, de que “la Nación es un concepto discutible y discutido”. Lo mismo que su manifiesto de adhesión al nacionalismo separatista catalán en el sentido de que la Generalidad enviara a las Cortes, para su sanción, el Estatuto que quisiera. Algo que aparte de ser la estricta repetición del error cometido por Manuel Azaña durante el inicio de la II República, se identifica con el origen del actual e inconcluso conflicto de la Generalidad de Cataluña con el Gobierno de la Nación.

Ha sido todo un despliegue de claves triangulares y acompasadas, de pulsiones variablemente asomadas en distintos planos de actuación, como el caso del jurista Luís López Guerra, secretario de Estado en su Gobierno, que Rodríguez Zapatero colocó como magistrado en el Tribunal de Estrasburgo, donde ha realizado una sostenida labor de zapa contra la Doctrina Parot. Labor tan sostenida y eficaz de la que ha salido la sentencia de marras, en las que su voto, obviamente, no ha sido ninguno de los dos particulares que han acompañado al veredicto.

Hay en todo esto del “proceso de paz” y la excarcelación de criminales algo que va mucho más allá del dolor de las víctimas del terrorismo. Hay una relación amplia, profunda y compacta de irresponsabilidades contra la unidad nacional y el bienestar de los españoles del que nos costará mucho levantar cabeza. Es de prever que las excarcelaciones no traigan la paz que teóricamente habría de aportar el proceso de lo mismo. Y por la idéntica regla de tres, tampoco saldrá robustecida, sino todo lo contrario, ni la unidad de España ni la cohesión nacional de todos los españoles. Difícil, por no decir imposible, será encontrar en la historia de nuestra política nacional una figura tan nefasta como esta que en términos póstumos se ha apuntado la “victoria” de sus pactadas excarcelaciones de etarras y especies asociadas en la criminalidad.