La otra sentencia de Estrasburgo

Como si el nazi-sovietismo de fondo que bullía en los asesinos etarras beneficiados por el desguace en el Tribunal de Estrasburgo de la Doctrina Parot – en cuya virtud permanecen aun en prisión los más conspicuos en inhumanidad y barbarie, y con ellos las cumbres de la más extraordinaria delincuencia común en España – no pareciera premiado por esta sentencia que tiene a España poco menos que anonadada, y en vilo a las víctimas de ese yihadismo nacionalista; como si valiera una cosa para compensar la otra, los mismos magistrados de ese tribunal se han dejado caer con otra sentencia contra las autoridades rusas de ahora por el suceso genocida soviético de hace 73 años en los bosques de Katin, dónde fueron pasados por los armas en unidad de acto, como dicen los notarios, los componentes de las élites militar y civil de la nación polaca.

Con ello, sin quererlo, esos jueces de Estrasburgo se han puesto en evidencia por su capacidad de saltar por encima de las circunstancias históricas y políticas correspondientes a cada uno de los casos. Como si el tema de la no retroactividad de la ley – con la que el Tribunal de Estrasburgo ha palanqueado contra la justicia debida a las víctimas del terrorismo etarra, y a las de la delincuencia común de rango excepcional – no fuera una categoría jurídica medularmente afectada por el cambio en el devenir de las propias circunstancias sociales, políticas e históricas.

Al igual que para los compromisos – internacionales o no – rige el principio, la obligación, de que deben ser observados, cumplidos (“pacta sunt servanda”), en ese mismo orden de cosas opera la claúsula condicional referida al imperio del cambio, de la permanencia o no permanencia de las realidades (“rebus sic stantibus”) que dieron sentido en su momento a que se contrajera tal compromiso.

Los jueces de Estrasburgo han sido doblemente ajenos a la realidad y pulsión histórica de lo equitativo y justo en las dos resoluciones a que se refiere esta nota. El largo y cruel episodio del “yihadismo” nacionalista en España, los 40 años de crímenes etarras, ha sido una realidad – materialmente reducida por el Estado pero formalmente aún en curso, porque no se ha producido la entrega de su bagaje instrumental para la muerte y la extorsión – atípica y al margen de las condiciones en las que cursa el garantismo extremo propio de los derechos humanos en la entera gama de su ejercicio y reconocimiento.

Desde el limbo de Estrasburgo, el mismo Tribunal que ha pasado como una apisonadora sobre la “Doctrina Parot” ha viajado procesalmente con la máquina del tiempo para resucitar el genocidio estaliniano de los bosques de Katyn, que el régimen soviético atribuyó mientras se tuvo en pie al régimen hitleriano. Y lo ha hecho con ignorancia sistemática de la circunstancia política española de 45 años marcada a fuego por el terrorismo nacionalista de Eta (con su sucedáneo catalanista de Terra Lliure) y de los 73 años transcurridos desde el genocidio soviético de Katyn. El muy humano derecho del pueblo español a disponer de su paz democrática votada en la Constitución de 1978, defendido con la ley en la mano por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, ha sido despreciado y ofendido por esos jueces de Estrasburgo, adornados, entre otros atributos, por una competencia profesional y una sensibilidad histórica manifiestamente mejorables.