Otra tercera vía sobre Cataluña

Acaban Artur Mas y Oriol Junqueras – reciente descubridor este último del mediterráneo de los afectos intrapeninsulares entre los catalanes y los demás españoles – de decir que la “tercera vía” esbozada por Durán y Lleida, y que el federalismo, para vadear la bipolaridad política cursante entre la Generalidad de Cataluña y el Gobierno nacional que expresa el Estado español (al que Mas representa en el Principado), es algo que no sirve en la propia medida de que es más de lo mismo que en otras ocasiones ya ha fracasado a lo largo de cien años. Posiblemente sea así y no pueda resultar de otra manera dada la condición identitaria del nacionalismo gobernante al calor del Estatuto, ahora mismo como en otras tantas ocasiones.

Si la Transición del franquismo a la democracia se hizo, conforme el lema de Torcuato Fernández Miranda, “de la legalidad a la legalidad”, este síndrome nacionalista actual- lo mismo en Cataluña que en Vascongadas -, ajenos a los presupuestos sobre los que la Transición se hizo, el cambio nacionalista de ahora mismo demanda una legalidad contradictoria y opuesta a la legalidad establecida y cristalizada en la Constitución de 1978.

Contrapone a ello este nacionalismo otra legalidad basada en la supuesta existencia de un “derecho a decidir”, cuyo sujeto no sería otro que el pueblo catalán. Pero la capacidad de decisión sólo está constitucionalmente referida y reconocida al pueblo español. Una categoría histórico-política preexistente a los contenidos de la monologal copla soberanista, con la que objetivamente resulta imposible dialogar. Aunque Rajoy parece que no quiera enterarse.

A la vista de esa irreductible contraposición dialéctica de los respectivos postulados, no basta sólo con atenerse al principio de que no hay más cera que la que arde, en el sentido de que la ley (constitucional) es la ley. Hay que atenerse a otras vías de actuación: las que desde el Estado propicien la correcta percepción de la realidad por parte de todos, especialmente por los incursos en la disidencia respecto de lo constitucionalmente establecido, aprobado, por la mayoría nacional expresada en referéndum. Única legitimada para una función constituyente y frente a la cual no vale la añagaza de las manifestaciones sucedáneas, por septiembre o por febrero…

Estas otras vías de actuación, por sus proyecciones nacionalmente globales, integradoras y vertebradoras, corresponden al Estado desde las competencias gubernamentales, principalmente desde la Administración Central, coordinadas o no con las Administraciones Autonómicas. Y una de ellas, posiblemente la más importante, es la de las infraestructuras. Sí, en la propia medida que permiten modificar, corregir o paliar en lo posible determinantes geográficas que acentúan riesgos y dificultades generados por movimientos separatistas como los que pulsan en Cataluña y el País Vasco.

Sin pudor alguno, y en paralelo a su variable discurso de fractura y escisión respecto de la unidad política nacional, hemos visto como, de una parte, los particularismos más patógenos – crecidos al rebufo del discurso nacionalista en dichos espacios críticos – han bloqueado o interrumpido, cuando han podido, proyectos nacionales de tanta importancia nacional por su virtualidad vertebradora como el Trasvase del Ebro, o entorpecido su funcionamiento cuando han podido en el caso del trasvase Tajo-Segura. Y todo esto se ha hecho – por los nacionalismos – al tiempo que reclamaban del común nacional más y más recursos para medro de sus políticas de disociación. Aunque justo es advertir de qué forma este obstruccionismo nacionalista a la política de trasvases ha dispuesto de la cooperación socialista, resucitando el síndrome de 1934.

Pero no es por el capítulo de la política nacional para la redistribución de los recursos hídricos – de tan grave importancia – los derroteros a que quiero ir con estos apuntes de actualidad política nacional, sino por el de la sombra del separatismo en los portones pirenaicos catalán y vasco, a los que se acaba de referir el general Chicharro, ilustre vecino de columna.

Se insiste desde el catalanismo tecnocrático y en frío, a la hora seguir reclamando recursos del común nacional, en la supuesta preferencia objetiva del “Eje mediterráneo”, que lleva hasta la Junquera desde Murcia y la Andalucía Oriental, para las exportaciones que se generan en el Sureste y el Reino de Valencia; pero se silencia la interrupción del Eje Sagunto-Somport, para el transporte de las exportaciones procedentes de ese mismo espacio amen de las mercancías que llegan por mar al puerto de Valencia desde África, el Mediterráneo y los puertos de Oriente a través del Canal de Suez. El paso de Somport, en el Pirineo Central, es antes que toda otra cosa, una alternativa de seguridad, una póliza contra el riesgo de los dos separatismos; pero casi tanto como ello es la salida natural de las exportaciones españolas por carretera a Francia, Reino Unido, Centro y Norte de Europa.

Más de 200 millones de euros se gastaron para el túnel de Somport hace ya una década, pero los resultados dejan mucho que desear por la angostura y poco desarrollo de los enlaces viarios en el lado francés del Pirineo. Bien podría la UE aportar una inversión congruente con las posibilidades que tiene este enlace, tanto para nuestros vecinos como para nosotros. Y en lo que nos toca, preferencias habríamos de arbitrar para las inversiones acordes con el interés general del conjunto español respecto de las demandas políticas de un catalanismo que pone precios inasumibles para su adhesión el proyecto nacional.

Las relaciones españolas con Francia pasan por un momento dulce y con el nuevo Berlín tampoco son malas. Vías como ésta son las que merecen en respuestas los nacionalismos del chistu y la tenora.