Gibraltar, a la Constitución

Apuntado en mi nota de ayer cómo y de dónde “paga Inglaterra a los llanitos para que quieran seguir con ella y como garantía del compartido momio, que les enriquece a la par que nos humilla dos veces a nosotros porque ese cuerno de la abundancia nos lo clavan a la limón, parasitando nuestra economía en general y empobreciendo muy específicamente la Andalucía a la que pertenece el Peñón y las adendas coloniales recrecidas con el tiempo. Al margen del Tratado de Utrecht y por virtud de las muchas discontinuidades de percepción y conciencia con que los españoles hemos soportado durante 300 años el baldón de la traición y la deslealtad británicas con nuestra patria.

Aunque son más las sinrazones, las torpeza y los hitos de inconsecuencia y estupidez con que hemos venido a contribuir a esa blindada perpetuación del agravio colonial. Eso que sin embargo llevamos grabado a fuego y que, tantas veces, hemos olvidado por recurrente estulticia en nuestros gobernantes; nutrida en unas ocasiones por desconocimiento de su gravedad objetiva, o alimentada en otras conforme el diagnóstico machadiano respecto de la Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus harapos desprecia cuanto ignora”.

Ha ocurrido también la repetición instrumental del asunto de Gibraltar como recurso con que tapar la visión de otros problemas nacionales de infinita menor jerarquía, aunque de puntual y pasajera gravedad. En todo caso este problema nacional por excelencia ha carecido de una instalación adecuada a lo que significa, en tanto que agravio a nuestro sentimiento colectivo y como merma esencial de nuestro patrimonio geopolítico. Lo que constituye, en toda circunstancia histórica, hurto constante por el Reino Unido de una parte esencial de nuestra renta de situación en el mundo.

Llegados a este punto uno se debe preguntar si el camino para instalar la atención y el cuidado debidos al asunto de Gibraltar pudiera ser su incorporación expresa al mismo rango protector, como corresponde al principio de integridad territorial de España, que el que se otorga a la unidad política nacional expresada como un solo Estado. De suerte que con los desarrollos de las Leyes Orgánicas subsiguientes, se establezcan para todo Gobierno español los protocolos sobre qué hacer y qué no hacer a propósito de Gibraltar, mientras que éste siga cursando como problema y hasta que resulte restablecida la integridad territorial de España, tal como reconoce en este único sentido la Ley Internacional representada en las Resoluciones de Naciones Unidas.

La discontinuidad histórica de las políticas seguidas por España frente al expolio de Gibraltar, podría encontrar solución y remedio mediante esa u otra parecida fórmula. La lección nos la dan los propios ingleses desde su cínico e insolente pragmatismo, que es tanto como la física que rige sus muchas continuidades capitales. Pero nosotros no somos como ellos, incluso desde el punto de que carecen de una Constitución escrita, pues todo lo suyo se rige por la costumbre de seguir haciendo lo que siempre hicieron. Nosotros, en cambio, al tiempo casi de llegar a América hicimos nuestras Leyes de Indias para deslindar qué podía hacerse y qué no.

Podríamos hacer de la política para el rescate de Gibraltar una parte del edificio constitucional, para que de un Gobierno a otro no se olvide lo que se estaba haciendo y para lo que previamente se hizo no sea un rosario de melonadas como las que han hecho entre nosotros quienes todos sabemos. O sea, que principio constitucional de defensa del principio de integridad territorial y Leyes Orgánicas para que no quepan las ocurrencias ni las deslealtades. Y como parece que la reforma constitucional está en el horizonte, pongámoslo en el texto a refrendar. Muy cerquita de eso otro de la “indisoluble unidad de España”.