El coste de la seguridad

El hecho de que la ley norteamericana dentro de la cual opera el sistema de escuchas telefónicas masivas – establecido en su día como respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2011 frente -, se ha salvado poco menos que por los pelos en la Cámara de Representantes ante la enmienda presentada por el republicano Justin Amash, define con elocuencia el nivel de división existente en el universo político de Washington; división que no equivale cien por cien al de su opinión pública nacional. Ésta es más volátil y cambiante que aquélla, por el menor peso de sus componentes de inercia, reflexión y cálculo.

Aquel suceso de terrorismo desbordó – desde el concurso de medios empleados por Al Qaeda y la magnitud de los daños personales y materiales así ocasionados en unidad de acto -, todos los rangos de violencia destructivos conocidos hasta entonces. Nunca la percepción de la inseguridad colectiva había alcanzado cota tan alta. Tanto como que desde entonces el mundo internacional ya no fue lo que era, pues aquello supuró una guerra en Iraq y dos en Afganistán. Aunque lo que ahora conviene destacar es el establecido sentimiento global de inseguridad y el subsiguiente consenso para la aceptación de ciertas renuncias y determinados sacrificios tanto en el orden de la privacidad personal como en el ámbito de los servicios de Inteligencia de los Gobiernos y los Estados.

El caso Snwoden lo ha venido a demostrar en el plano de las repercusiones habidas en la relación de Estados Unidos con sus aliados. La importancia de qué, de la entidad material del espionaje realizado, se ha venido a sobreponer al peso desconsiderado y escandaloso del cómo. Ha prevalecido la idea de que todo se hizo (y se sigue haciendo) por causa de un interés común de compartida seguridad en las organizaciones civiles y militares de Occidente…

Siempre, en este orden de cuestiones, el debate de fondo es el que se establece entre el coste de la seguridad y el precio de la inseguridad, descartada esa desiderata de que a seguridad absoluta correspondería siempre un coste infinito. Ha sido en la dialéctica que resumirían consideraciones de este tipo dónde se ha venido a sustanciar el debate subyacente a la votación de la Cámara de Representantes, en la que siguiendo el proverbio de “a grandes males gran des remedios”, se ha salvado la legalidad de las escuchas telefónicas indiscriminadas y masivas. Al fin y al cabo, la inseguridad exponencial causada exponencialmente también por el terrorismo, tiene muy poco ver con las inseguridades acumulativas, propias de las evoluciones no traumáticas de las cosas, de los cambios epocales. Consiste la de ahora, con la establecida por el terrorismo islámico de aquel 11-M, en una inseguridad sistémica y transversal. Algo que afecta a componentes decisivos de nuestra presente realidad histórica.

Y en estas consideraciones sobre el coste político de la seguridad colectiva, no está de más parar la atención en la tragedia nacional de estas horas ocasionada con el descarrilamiento en Galicia de un tren “Alvia”, causado por un palmario exceso de velocidad, aun sin explicar en sus determinantes técnicas. Bajo ese enunciado de “Alvia” y otros han circulado hasta ahora trenes rápidos de penúltima generación que a veces como, en esta trágica tesitura, comparten servicios y tendidos de “velocidad alta” con los del “Ave”, de “Alta Velocidad”. Demasiado que hubiera sido sólo un problema de coordinación, de sintaxis tecnológica. Esperemos que la luz salga de la Caja Negra.