Emergencia institucional

Podríase hablar de emergencia institucional tanto por el volumen de los movilizados para concentrarse en Madrid desde provincias de importancia crítica en este género de actuaciones pilotables por los antisistema, como por el género de recursos advertidos ya en su poder y dispuestos para su uso. El objeto de sus ataques incluye, como es sabido, una amplia gama de destinos y de actuaciones; desde las propias sedes del Congreso, partidos, recintos universitarios y oficinas bancaria. Aparte de las circuladas consignas para hacer del entero Madrid escenario de la protesta y de los escraches. Para esta escala de movilización se han fletado, por los grupos radicales, autobuses en Barcelona, Valencia y Valladolid. Y como materiales para la actuación violenta, se han preparado litronas llenas de gasolina, como las que han sido ocupadas durante la mañana del jueves a cinco de los 15 detenidos en recintos universitarios de Madrid.

Menos significativo resulta la escala de gente dispuesta a intervenir en la jornada del 25-A como la profundidad del disenso aflorado en esta ocasión frente a lo que fueron los acuerdos internos de los grupos social y políticamente disconformes en las precedentes concentraciones para la presión y el acoso al Congreso. De alguna manera, tanto los integrantes de las protestas que comenzaron en la Puerta del Sol como los objetores de la institucionalidad de los desahucios, se han diferenciado – separándose manifiestamente – del grueso de las sobrevenidas militancias extremas y/o expresamente violentas, como la Plataforma ¡En pie! (… “famélica legión”), o los que enarbolan la propuesta de llevar a cabo “expropiaciones de alimentos y otros bienes necesarios a entidades multinacionales”.

Necesario y en cierta manera urgente es identificar y reconocer los muy claros componentes de “acción directa”, específicamente fascista, que se advierten en esta movilización contra lo establecido, tanto en su expresión institucional como contra todo lo que subyace a la “superestructura burguesa y capitalista”, como se decía en los manuales de la agitación revolucionaria de los viejos tiempos. Tiempos que estarían ya olvidados en la memoria colectiva de no haber sido recreados, como lo están, en la jerga de los chavismos que bullen por el hemisferio hispánico; muy especialmente en la Venezuela de ahora mismo, donde la acción directa practicada por los motorizados milicianos bolivarianos amedrenta en las calles a la oposición y secuestra, entre amenazas del Gobierno de Nicolás Maduro, los resultados de las elecciones del 14 de Abril, mientras la opinión internacional contempla entre atónita y perpleja el espectáculo del fascismo castrista de La Habana operando como factor delegado para un estalinismo recubierto de sones bolivarianos y maracas cubanas pautando el progreso totalitario.

Pero volviendo a las amenazas y las expectativas creadas sobre este 25 de Abril, conviene advertir que no sólo se ha producido la referida división entre los objetores contra los estragos sociales de la crisis, sino que también la hay entre las fuerzas políticas representadas en las Cortes Generales. Como lo manifiesta esa danza en la cuerda floja practicada por los comunistas de diverso etiquetado, que en tesituras como la presenten se mueven a beneficio de inventario entre las instituciones de la democracia. Ocurre así que el endoso oportunista de las resultantes políticas de la violencia contra el Estado convierte a quien lo hace en cómplice de la misma.

Sólo faltaría ahora que en este contexto de radicalización social y política viniera ETA a reanudar sus actividades terroristas, tal como cree la Europol, si no logra el resto de sus objetivos políticos más allá de la instalación de Bildu en las instituciones vascas.