Clarinetazo de Cristina contra la libertad de información

Mientras Estados Unidos entra por enésima vez en el debate sobre la libertad en la tenencia de armas tras de la tragedia en la escuela de Newton, por el significado histórico y constitucional de la Segunda Enmienda de la Carta Magna norteamericana -y pese a la condición “abierta”, reformable, del entero texto ordenador de la política-, sin que aparezcan todavía distingos entre los principios normativos y lo que podrían ser normas de desarrollo que acotaran y precisaran el orden práctico de su ejercicio (aunque el presidente Obama anuncia actuaciones desde la Casa Blanca que parecen apuntar sobre el inicio de ese orden de reflexiones en el campo político del Congreso), otro debate sobre libertades -de información y empresa- acaba de establecerse por Argentina con la acción del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner aplicando su promulgada Ley de Medios cuya constitucionalidad fue denegada por una instancia judicial superior a la que ha resuelto a favor de las pretensiones del Poder Ejecutivo contra el Grupo Clarín, vigorosamente definido por su oposición al populismo peronista.

En materia tan distintas sobre los respectivos temas ahora a debate sobre unas y otras libertades, la de posesión de armas de fuego -sean las de uso militar o las armas cortas para defensa personal-, y la libertad de expresión y de empresa, como condición necesaria para la democracia representativa con todos los respectivos fueros de la sociedad civil; en tan diferentes ámbitos temáticos, se acaban de establecer, como digo, dos debates que conciernen al fondo de dos grandes naciones americanas.

La estadounidense, para armonizar el principio de libertad individual de autodefensa – frente a las reiteradas tragedias en que ello ha derivado- y el desarrollo legal de las condiciones que eviten tales tragedias. Con toda la complejidad doctrinal de un sistema que procede de la cultura nacional propia, especialmente la que deriva de una “moral de frontera”, la de los “pobladores” de un territorio y espacios de conquista, tan propia de su pasado como lo puedo ser en la España de la Reconquista.

Y la de Argentina, por otra parte, donde cada rebrotación de la inseguridad jurídica en casos como el que ahora afecta al Grupo Clarín, y en fechas bien recientes , con la expropiación de la parte de YPF perteneciente a la española REPSOL, ha venido a determinar procesos económicos y consecuencias históricas en cuya virtud el debate académico existente en la segunda década del pasado siglo XX, sobre cual de las dos naciones, la estadounidense o la argentina sería la primera de América cuando la última centuria llegara a su final.

Cuando el poder político, como el del Gobierno argentino de ahora, no sólo no respeta la división de poderes vigente en el mundo occidental sino que el Estado de Derecho en su conjunto brilla por su ausencia, lo que irremisiblemente ocurre es el empobrecimiento general por la marginación internacional inevitable que origina ello origina en el país devenido en sistémico escenario de arbitrariedades. La corrupción y el descrédito son los inevitables corolarios de la voladura de la seguridad jurídica, que genera descrédito internacional de la nación, igual por los daños que se  proyectan contra el exterior como los que afectan a sus propios nacionales, como es ahora el caso del Grupo Clarín. Por su permanente denuncia pública de las arbitrariedades políticas de toda laya.