Epístolas y trapisondas

Resulta ahora que, aparentemente al menos, los discursos de deslealtad constitucional ante el problema creado por la trapisonda generada por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña, no incluye sólo a los responsables de esa Autonomía – comenzando por Artur Mas y representado de puertas afuera por su portavoz Francés Homs – sino que suma a un comisario y vicepresidente de la Comisión Europea, español además, Joaquín Almunia, en unas declaraciones hechas en Barcelona la semana pasada, en las que se vino a cruzar de forma patente y sin competencia alguna por razón de la materia, con la posición al respecto del Gobierno de España que preside Mariano Rajoy.

Luego de haber disentido previamente, semanas atrás, con la Moncloa sobre la situación de la economía española, manifestó la semana pasada en Barcelona que “no se puede dar una respuesta tajante en decir que si alguien se segrega se queda fuera y no sabemos más de él por los siglos de los siglos”. Cabe pensar que entre las lecturas obligadas y los conocimientos mínimos para un vicepresidente de la Comisión Europea, figura el articulado del Tratado de la Unión Europea. De manera especial el Artículo 52 y sus aledaños, que definen y preservan las competencias de cada Estado miembro sobre su organización política interna, siempre de acuerdo con los principios democráticos que definen las condiciones necesarias para su adhesión a la UE.

Había comenzado el último barullo al respecto con la campaña de eurodiputados nacionalistas en una carta dirigida a la también vicepresidenta de la Comisión Europea Viviane Reding – que es a su vez Comisaría de Justicia y Derechos Fundamentales de la CE -; carta en la que se denunciaban supuestas presiones militares contra el “derecho a decidir” de los catalanes sobre su futuro colectivo. Esa campaña, obviamente, sólo ha llegado a dónde podía llegar, lo mismo que la propia iniciativa de Artur Mas. A la nada.

La misiva de Reding en respuesta al requerimiento del Gobierno español, ha cerrado la cuestión. Y lo ha hecho generando los efectos políticos que era de rigor que se produjeran. De ninguna de las maneras cabía entender que hubiera un boquete jurídico para que el proyecto histórico de la unión política de Europa pudiera estar pendiente de la primera ocurrencia de campanario, de cualquier iniciativa aldeana a contrapelo del curso globalizador de la Historia (el de los mercados es un corolario de ello) se cruzara en su camino. Las garantía fiscales no son nada siendo tanto comparadas con las garantías jurídicas contenidas en el Tratado de la Unión como soporte de cuantas integraciones puedan sobrevenir después de la integración monetaria con el establecimiento del Euro.

Los precedentes de la carta de Reding, tan basados como ésta en fundamentos obvios, ya se habían advertido por los propios responsables de la exasperación del soberanismo fraccionador, con la que se ha pretendido tapar la desastrosa gestión de la Autonomía catalana por parte de nacionalistas y socialistas. Por eso Homs el portavoz dijo lo que dijo en su anterior comparecencia ante los medios. Algo que fue la puesta de la marcha atrás en la motorización del soberanismo partiendo de la celebración de la Diada. Claro queda, en fin, que lo único obscuro al respecto ha sido, con lo del papel jugado por el comisario Almunia, el eventual desplome de la estrategia electoral. Un suceso susceptible de generar doble caída de cascotes. Sobre la propia CiU y sus aledaños soberanistas y sobre el PSC, por sus despropósitos confederalistas como mercancía de recambio.