El caso Payá, un caso de Estado

La petición de la viuda del opositor cubano Oswaldo Payá, muerto en accidente de circulación días atrás, dentro de circunstancias no aclaradas aun; esta legítima demanda desde el desconsuelo y la razón, de que las autoridades del régimen le permitan hablar con los supervivientes del suceso – un ciudadano español, Ángel Carromero, militante del Partido Popular, y otro sueco, Jens Aron Modig, presidente de la Liga Juvenil Cristianodemócrata de su país –, relanza a los medios informativos internacionales una cuestión política en la que concurren todos los ingredientes propios de una cuestión de derechos humanos. Derivado enteramente de la sistémica falta de garantías jurídicas inherente a dictaduras totalitarias como la de los Castro.

La relevancia nacional e internacional del desaparecido Payá, líder en su país del Movimiento Cristiano de Liberación. Tuvo el acierto de conducir su actividad entre los angostos espacios permitidos por el castrismo. También tuvo el coraje de renunciar al exilio, convirtiéndolo muy pronto en problema de primera magnitud para el régimen castrista; pero también, justo es reconocerlo, agitó Payá las aguas quietas en que se movía y mueve la propia iglesia cubana: lógicamente celosa de administrar sus propios tiempos en su dura y tediosa coexistencia con la dictadura. A Payá le pudo quedar profundamente estrecho el forzoso posibilismo en que se desenvuelve allí la jerarquía católica.

Era, por eso mismo, en su activa disidencia con el sistema político cubano, algo mucho más incómodo que una piedra en el zapato. Como referencia nacional para los gobernantes de allí, Oswaldo Payá era cumplidamente una cuestión de Estado. O más precisamente dicho, un problema, diríase que estructural, para el régimen comunista de Cuba. Como testimonio personal, realidad venía en cierta significativa manera a doblar frente al régimen comunista cubano el testimonio eclesiástico en defensa de la dignidad del hombre. Tanto más cuanto que allí, en Cuba, el Estado como estructura jurídica está, hacia adentro e internacionalmente, abducido, absorbido y borrado por el poder omnímodo del Partido Comunista.

Si a la demanda de la viuda esto se añade, en lo que toca a las circunstancias reales y contrastables que concurrieron en la muerte de Oswaldo Payá, las sabidas referencias existentes de que en otra ocasión éste fuera acosado en su automóvil por la carretera por gentes no identificadas, para sacarlo de la misma, tiene enteramente su sentido que esta señora pretenda entrevistarse con los dos supervivientes del doblemente mortal suceso. Carecería de sentido, al contrario, que ni ella ni nadie creyeran sin más cuanto digan los gobernantes cubanos sobre lo supuestamente sucedido.

Ni le vale a la viuda ni le debe bastar al Gobierno español el asunto en lo que toca a la versión oficial de los hechos sobre la muerte de Oswaldo Payá ni deben bastar evasivas en lo que concierne a la situación en que se encuentra Ángel Carromero, que era quien conducía el automóvil en que todos viajaban, y sobre el que, según parece, se quieren imputar responsabilidades por imprudencia.

Hay dos cosas distintas entre sí y por ello analíticamente diferenciadas. Una es la verdad de lo sucedido, que ha llevado a la desaparición de un más que importante adversario político de la dictadura comunista cubana, y que sólo se alcanzará por el libre contraste de los testimonios; y la otra, conectada con la primera, que es la retención por las autoridades cubanas de un ciudadano español, varios días después de lo sucedido, sin que aparentemente al menos existan responsabilidades que se le puedan atribuir.

Late en esto una cuestión de Estado que habría de resolverse cuanto antes.