Por Damasco y Bruselas, cuestiones sistémicas

Antes de que se prepare una propuesta internacional para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la represión siria de la disidencia, adelanta Rusia que interpondrá su veto a toda Resolución que incluya una intervención militar extranjera en el conflicto.

El anuncio de Moscú, enteramente previsible por demás, apunta a dos cosas: condicionar en su conjunto el tráfico diplomático occidental al respecto y subrayar el propio punto de vista ante el presidente francés, François Hollande, que este fin de semana recibirá en el Elíseo al presidente Vladimir Putin.

Era previsible esta posición rusa por el hecho de que la cuestión siria es una cuestión sistémica para la diplomacia rusa en el Oriente Próximo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Especialmente, tras de la desaparición en el norte de África del régimen de Nuamar Gadafi. Además, por si algo faltara, en la segunda mitad del pasado siglo XX, por el viraje egipcio a Occidente tras de la muerte del presidente Nasser. También por la debelación de la dictadura nacionalista de Sadam Hussein en Iraq.

Todo ello ha consolidado el desalojo general de los rusos tanto en el Oriente Próximo como en el norte de África. La Siria de los Assad, cabría decir, es la última casilla que les resta en el mundo árabe. Especialmente para cuanto significa ese conjunto de retrocesos en el contexto de la política exterior putiniana, de signo profundamente nacionalista; con el mesianismo ruso de siempre que señaló Bardiaef y sin la costra revolucionaria del marxismo-leninismo.

De ahí la base sistémica que subyace a la cobertura diplomática rusa para la Siria de los Assad, pese a la monstruosa entidad de sus desmanes en la represión de la disidencia. Resumiendo, cabría decir que para Moscú y para su socio chino en la alianza euro-asiática, la cuestión siria no es negociable dada su significación de pieza integrada en su dispositivo estratégico y diplomático.

BRUSELAS.- Sistémico es también el conjunto de factores integrados en el problema económico e institucional español a los que, en pleno temporal financiero, se ha referido el comisario y Vicepresidente de la Comisión Europea Olli Rhen al enumerar las condicionantes para que a España se le conceda prórroga de un año en el plazo establecido con objeto de reducir el déficit a 3 por ciento del PIB. Y de entre estos factores es de señalar muy especialmente, como indispensable, el de “cumplir con los objetivos de déficit a todos los niveles de las Administraciones”. Es el mismo mensaje expuesto hace tres días, con más precisas palabras por el español José Manuel González Páramo, miembro hasta hoy del Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE). Un nombre objetivamente destacado, por razones obvias de procedencia entre los que se barajan para el gobierno del Banco de España.

Cuando a los más diversos niveles se plantea de institucionalizar – incluso con espacios constitucionales – el gobierno económico de la Unión Europea para la plena consolidación del Euro dentro de un quicio global de soberanía compartida, resulta algo más que un anacronismo chirriante la plenaria descentralización política para los tres niveles de la Administración del Estado, aunque sólo fuera por los insostenibles costes que genera la duplicidad y las desviaciones de toda laya que operan contra la viabilidad del conjunto; especialmente, por la disparatada proliferación de competencias contra la coherencia nacional y la propia unidad efectiva del mercado español.

A la hora de enervar las capacidades y potencialidades nacionales, tal como se nos exige para superar los formidables obstáculos acumulados por los componentes sistémicos de la crisis, es la hora también, interna y nacionalmente, de alcanzar un consenso político – del que ya se advierten ciertos brotes – para hacer el ajuste constitucional. Tan necesario como el propio ajuste económico.