Descentralización ruinosa

El hecho de que la prima de riesgo española cerrara por primera vez por encima de los 500 puntos, en un contexto de demandas para que el Banco Central Europeo interviniera como otras veces comprando deuda española, un día después de que José Manuel Gonzalez-Páramo, miembro saliente del Comité Ejecutivo de esta entidad (dejará su puesto este jueves) y eventual candidato al gobierno del Banco de España, hiciera unas declaraciones a Efe  diciendo que a nuestra deuda nacional a diez años no le corresponde un interés del 6 por ciento, y que la cuestión no se reduce al ataque de los especuladores sino que, a su parecer, “es asunto de mayor calado”…

El conjunto de reflexiones que añade después, especialmente luego de decir que todavía se puede recortar en el sector público, donde existe, dice, “mucho despilfarro y mucho solapamiento” supone en cierto modo la reapertura de un análisis que está llamado a provocar nuevamente la bronca nacional sobre la viabilidad del modelo de descentralización política llevada a cabo hasta ahora, partiendo de la propia concepción del modelo autonómico para la arquitectura del Estado. Especialmente cuando Gonzalez-Páramo ha afirmado que todavía se puede recortar en el sector público, donde “existe mucho despilfarro y mucho solapamiento, muchos niveles de Gobierno que hacen lo mismo en la provincia, comunidad autónoma y en el Estado central…”

El asunto de mayor calado, vista la deriva en que se ha instalado el interés de la deuda española, es que los mercados no hacen otra cosa que considerar mucho más los riesgos sistémicos que los factores económicos propios del potencial efectivo de la economía española. Y tales riesgos sistémicos corresponden en su totalidad a las resultantes económicas del modelo de descentralización política, algo que se mide no sólo en términos de coste económico sino también en disfunciones operativas y en lesiones sin fin para el límite crítico de la unidad nacional de mercado.

El problema de cómo se le da salida a situación así, aunque de planteamiento económico, urgido por la presión internacional sobre el interés de la deuda española, postula desenlaces políticos de la mayor envergadura concebible, ya que afectan a la arquitectura constitucional de 1978 en lo que concierne a la distribución territorial del poder del Estado. Una distribución que se habrá de plantear y refundir en los propios términos en que se funde una campana rota para hacerla de nuevo y restablecer su utilidad.

El asunto, hay que insistir, es de mayor calado que el de la imprecisión o desajustes en que los mercados incurren sobre el plano de los datos económicos españoles. El problema es de calado constitucional y requiere el urgente consenso de los dos grandes partidos españoles.