Error en Gibraltar que pasa factura

No es un “desaire”, como dice la Prensa británica refiriéndose a la suspensión de la visita de la Reina a Londres para asistir a las celebraciones de las bodas de oro de la soberana británica, si ello se hace, de una parte, como respuesta del Gobierno español a la visita en junio a Gibraltar del hijo menor de la reina Isabel, y de otra, por causa del problema creado por la administración local del Peñón contra el derecho español a pescar en torno a la colonia, puesto que se trata de nuestras propias aguas territoriales, ya que conforme al Tratado de Utrecht, al Reino Unido sólo se transfirió el Peñón mismo pero no las aguas circundantes.

Por enésima vez, las autoridades locales delegadas de Londres obstruyen – a veces con empleo de la fuerza – nuestras actividades pesqueras. Pero ocurre que en la presente ocasión, para evitar obstrucciones, abordajes e incluso detenciones, la Guardia Civil con sus lanchas flaqueará las labores de la flota de Algeciras y de otros puntos de la provincia de Cádiz. Sin embargo, el problema no reside en este conflicto puntual sino, como bien se sabe, en el debate sobre la titularidad del entorno marino de la Colonia. O dicho de otra manera, se trata de prácticas británicas de piratería sobre la soberanía territorial española.

La fuerza expansiva de la tumoración colonial británica en la provincia de Cádiz es dato inalterado a lo largo de los tiempos. Si este cuadro de ahora afecta de forma directa al uso económico en sí de las aguas que corresponde a España, también es de ahora mismo la ocupación progresiva de las mismas con la expansión del perímetro territorial y la toma al mar de superficies para construcción de zonas residenciales. Supone todo ello tanto como saltarse los límites espaciales de la colonia, definidos de modo expreso y de manera implícita en el texto del Tratado de Utrecht.

Antes de que la expansiva fuerza colonial del Reino Unido se centrara como ahora lo hace en las aguas de soberanía española, lo hizo con el istmo que enlaza el Peñón con el resto de la España peninsular. Un espacio cedido provisionalmente, en régimen de caridad internacional, para que allí se establecieran unas instalaciones hospitalarias en las que albergar a los afectados por la eclosión de una epidemia. Nunca los ingleses levantaron el campo de allí y sí, en cambio, utilizaron tal espacio para construir el actual aeropuerto.

Al final han subsistido y prevalecido las sucesivas metástasis coloniales por la convergencia de dos constantes: la tenacidad británica blindada en la ausencia de escrúpulo y la inconsistencia del discurso político español en materias de rango capital como es la integridad del propio territorio patrio; una inconsistencia, como es el de este caso de ahora sobre la pesca, adornada con coloraciones de grave incompetencia técnica. Tal como fue los términos del acuerdo pesquero de 1999, ahora denunciado por quienes gobiernan la colonia como delegados de Londres.

Aquel acuerdo fue una auténtica metedura de pata, pórtico de otras subsiguientes, como la de reconocer a los gibraltareños condición de parte. O sea, con la apertura de otras vías para las termitas en el Tratado de Utrecht. Si esto concierne a las partes mismas del pleito, que son dos, España y el Reino Unido; aquello otro corresponde a las aguas de Gibraltar, sobre las que la colonia no tiene derecho alguno. Conforme el Tratado de Utrecht, que es la Constitución bilateral, la legalidad internacional, del problema.