Problemas de equilibrio, cuestiones de soberanía

Mientras desde la política española son horas de espejismos, en la izquierda, tras de la victoria insuficiente del centroderecha en las elecciones autonómicas de Andalucía -como demuestra el visionario desplante de Rubalcaba al hablar del “comienzo de un nuevo ciclo político”, ocurrencia cuya virtualidad no rebasa el destello de un titular para el sabido grupo mediático-, la realidad económica vista desde el centroderecha – que es el espacio donde reside la responsabilidad de gobernar atendiendo los intereses generales de la Nación – encara un desafío ante sí mismo y ante la Unión Europea, que no admite dubitaciones ni demoras, tanto en lo que respecta a los problemas en sí de los números, irreductibles a todo cambalache, como al obstáculo añadido por parte de los dos sindicatos primados por la historia de la Transición. Asumida por ellos sólo a beneficio de inventario.

Algo no funciona lealmente cuando la izquierda sindicalista que tiene a toda España como espacio de actuación, se atribuye como propio el éxito de la izquierda política (IU y PSOE) en el ámbito de la consulta autonómica en Andalucía, al esterilizar el triunfo electoral del PP, cerrándole el acceso directo al gobierno de la Comunidad, se irroga capacidades democráticas añadidas para cerrar el paso a las reformas emprendidas por el Gobierno de la Nación. Reformas que tienen su legitimidad política en la delegada voluntad del pueblo español, expresada el pasado 20 de Noviembre.

El último abuso manifiesto del sindicalismo primado durante la Transición, que sólo aceptan cuando les conviene, no consiste sólo en sumar dos discursos heterogéneos de poder – el que les corresponde en su representación constitucional y representativa de los intereses de los trabajadores, y el que se atribuyen como sobrelegitimación por la virtualidad de bloqueo para gobernar el centroderecha en Andalucía que han tenido allí las últimas urnas.

Lo más notorio, sin embargo, es que ese enredo de legitimaciones está trabando, obstaculizando y comprometiendo, además de la defensa de los intereses nacionales a corto plazo, el crédito internacional de España como nación capaz de afrontar los compromisos contraídos para cuadrar las cuentas que se nos han venido encima, como un alud, por las irresponsabilidades previas contraídas desde los Gobiernos de esas mismas izquierdas – con los que no se avinieron esos sindicatos a pactar reforma laboral alguna -. Esas izquierdas de escaño y de pancarta, comparecen ahora eructantes de satisfacción porque entienden que desde Andalucía han abierto una brecha en el casco y en el pulso que el Gobierno mantiene no sólo con la UE sino ante los mercados internacionales, donde se arbitra el coste de la deuda que España debe tomar necesariamente para salir del atolladero. Ese que el frente levógiro, el complejo izquierdista de escaños y pancartas, nos metió durante los últimos siete años.

Pero no son sólo los equilibrios económicos que se comprometen con el desafío que representa la huelga general convocada y en el encanallamiento de las presiones que se despliegan en la negociación de los servicios mínimos, sino el grave daño cualitativo que se habrá de derivar para la imagen internacional de España, que no se traduce únicamente en encarecimiento inmediato de nuestra deuda exterior, sino en el empobrecimiento de nuestro nivel fáctico de soberanía ante la Unión Europea en sí y frente a las gatadas y deslealtades, como las del tecnócrata Monti, para sacarnos fuera de esa pista que define, en todos los órdenes, los rangos y los prestigios, genéricamente internacionales y específicamente comunitarios. Sigue presente la crónica esa incapacidad de nuestras izquierdas para los mínimos de lealtad con los intereses nacionales.