Alza del petróleo y déficit de Tarifa

Suelen ser las gráficas de la tensión internacional aquello que pone más de relieve el peso de la dependencia energética de las naciones, especialmente de aquellas como España que la tiene tan acentuada. Nada menos que hasta un 80 por ciento del total de nuestros consumos de fuentes primarias de energía procede del exterior, algo que consecuentemente incide en nuestra seguridad nacional, al tiempo que nos obliga a pechar con los sobrecostes, los encarecimientos, inherentes a las subidas de tales precios – del petróleo en especial medida -que las crisis internacionales ocasionan. Es el caso de la crisis de Irán en las actuales circunstancias, cuando el régimen iraní ha respondido de propia mano – anticipándose y cortando suministros – al embargo de sus exportaciones, acordado por la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá.

La onda de la repercusión viene a sumarse al cuadro de las compartidas recesiones que afectan a los países miembros de la UE, especial y proporcionadamente a los que como España soporta tan abrumador nivel de dependencia. Ésta sería menos si la historia reciente de nuestra política energética hubiera sido otra que la practicada en muchos de sus aspectos. Desde lo referido a las alternativas desechadas o bloqueadas, como la nuclear, a los criterios de oportunidad, también política, seguidos para optar por fórmulas en las que cupiera más o menos libertad para las empresas todas del sector energético; especialmente, en lo que corresponde al sector eléctrico, con la adición, por los sucesivos Gobiernos, de gabelas y costes al margen de los mercados.

Es tan curiosa la dicha intervención política en contra de la energía de fisión, cual hicieron los Gobiernos socialistas de Felipe González, como que la de su terciar en pro de algunas energías renovables tecnológicamente inmaduras, como la fotovoltaica y la termosolar, y en menor medida la eólica, en tiempos de Rodríguez Zapatero. Sus correspondientes subvenciones pasaron a reconocerse como costes de los agentes, que luego no se trasladaron a la tarifa eléctrica, disparando con ello el déficit de la misma. Lo mismo que sobre ese mismo concepto se vinieron también a situar los costes de discriminación positiva, de apoyo político vía subvenciones al carbón nacional. De idéntico modo, otros costes, los de las disfunciones administrativas derivadas de los órdenes competenciales – que hicieron posible determinados abusos en las fotovoltaicas – también pasaron a cargarse indebidamente en el saco del déficit tarifario.

Lo que no ha lugar de ninguna manera es plantear una quita a este déficit de tarifa, ya que el mismo se producido por responsabilidad del gobierno anterior –que quería chupar y soplar al mismo tiempo, reconociendo costes y subvenciones y no trasladándolos a las tarifas de acceso- y no por responsabilidad de los agentes energéticos, que actuaron conforme a las señales económicos que les daba la regulación.

Y a ello hay que añadir, como ya se ha observado, que no cabe paralelismo entre la sugerida quita en el déficit de tarifa eléctrica y el tema de la quita aplicada a la Banca en la reforma del sector financiero. Los problemas de este otro sector no derivan de arbitrios de las actividades económicas reguladas, puesto que en su práctica los números rojos son consecuencia de los errores cometidos en la libre asunción de riesgos, propia de toda actividad económica enteramente liberalizada.

No era menester que sobreviniera esta añadida crisis en los precios del petróleo, por causa del problema geopolítico de Irán, para que aflorasen problemas económicos y financieros que ya estaban ahí, expresados como crisis global en Occidente desde 2008. Pero sí ha aportado un añadido rango de evidencia sobre los diferenciados tratamientos que precisan las reformas en los distintos sectores económicos; especialmente, para identificar los errores cometidos y no volverlos a repetir. Insistir en las subvenciones a determinadas energías tecnológicamente inmaduras, cuando además la demanda de energía eléctrica es la mitad de la capacidad instalada, no sólo sería esfuerzo dilapidado sino también malgastar el tiempo necesario para corregir los rumbos en todos los ámbitos afectados por la crisis.