Una quita al déficit de tarifa como quite al del Estado

Lo ha dejado caer el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en una conferencia: el Gobierno considera una quita al déficit de tarifa de las empresas eléctricas como medida adicional para reducir el déficit del Estado. Y lo dice días después de que suspendiera las ayudas a ciertas de las energía renovables, por cuanto éstas habían disparado la cuantía del abultado desfase contable que padece el sector, puesto que los ingresos definidos por la tarifa reguladora, que no cubren los costes de generación, habían vista acentuada su insuficiencia por el peso de tales ayudas.

Añade el ministro que “no se puede admitir que el déficit tarifario se convierta en déficit público”, aunque sí es público y no privado el origen de esa acumulación de 24.000 millones de euros, generada por la combinación del efecto tarifa – restrictivo de la retribución al sector por los suministros eléctricos – y el apriorismo ideológico, ecologista, del anterior Gobierno, desde el que recababa adhesiones en los radicalismos izquierdistas. Quiero decir que en la gestación del déficit de tarifa no hay rastro de condición privada y sí, en cambio, óvulos y genes de naturaleza pública. El distingo es de relevancia indiscutible para identificar identidad y legitimidad en el fondo de esa hipótesis de actuación, tan semejante para el sector eléctrico, que no ha tenido arte ni parte en la generación del problema, como la que corresponde a la Banca europea en el caso de Grecia, o a la española en la cohonestación entre el valor en libros y el valor de mercado de sus activos inmobiliarios.

Lo que está latiendo “prima facie” y no como fondo del debate, es una cuestión de principio, por encima incluso del imperativo de seguridad jurídica, sobre el que gira la economía libre y el sistema democrático de libertades. Quiero decir que si los agentes económicos que por libre decisión asumen un riesgo, pueden ser requeridos en circunstancias de excepción como lo son ahora las de Grecia, a renunciar a parte de sus derechos para resolver el problema que afecta a todos los componentes del Eurosistema; si en consecuencia las entidades de crédito tenedoras de deuda soberana helena se ven requeridas a practicar una quita, que es tanto como provisionar una pérdida, no hacen otra cosa que materializar las consecuencias de un riesgo que tomaron libremente un día. Ese quebranto es un corolario del principio de libertad, esto es, de la autonomía de decisión que corresponde al sistema de economía libre.

Pero nada tiene ello que ver con la apuntada quita que se aplicara como exigencia de la renuncia a parte de la deuda acumulada en virtud de decisiones ajenas a la voluntad de los agentes económicos, de las empresas eléctricas en este caso, que se han visto constreñidas al cabo de varios Gobiernos de distintas ideologías, a llevar sobre sí el peso de una deuda – la acumulada en el déficit de tarifa – que no deriva del riesgo tomado por las mismas, sino de necesidades o conveniencias del poder político de turno; por ejemplo, de una estrategia puntual contra la inflación.

Ese conjunto de empresas, el sector eléctrico, podrá haber aceptado en las sucesivas ocasiones, por razones de solidaridad nacional, diferir contablemente determinados costes a determinados plazos; pero es impensable que acepten la idea de cargar con una exacción derivada a su vez de una carga que procede de una imposición del poder político a la sociedad civil. Esto es, como un impuesto de ocasión y de intrínseca naturaleza confiscatoria. Que quiere decir tanto como inconstitucional.