El Peñón, tan urgente como importante

Hay que saludar el regreso de la cuestión de Gibraltar a lo que debe ser prime plano de la política española. El encuentro bilateral de Mariano Rajoy con el Primer ministro británico en el contexto de la Cumbre europea de Bruselas, da continuidad a la puesta en escena el asunto por García Margallo, el ministro de Asuntos Exteriores, en su mensaje verbal a William Hague, su homólogo en el Gobierno de Londres; mensaje sintético y muy expresivo: “la broma de Gibraltar se ha acabado”.

Efectivamente, broma o no, la trivialización del problema de Gibraltar difícilmente pudo llegar más allá durante el tiempo de Rodríguez Zapatero en la Moncloa, en el que se retrocedió bastante más de lo que pudo vislumbrarse en lo tocante a la cuestión de la soberanía: ámbito temático en el que se trabajó en los Gobierno de José María Aznar sobre la hipótesis de una forma transicional de gobierno compartido de la Plaza, acorde con los límites y condiciones establecidos en el Tratado de Utrech. Que establece taxativamente el regreso de la soberanía a España para el momento en que el Reino Unido la cediera.

Con el poder socialista, fue obvio el retroceso de los intereses y los derechos españoles. Del marco de la cosoberanía se pasó, en el marco de una política de cooperación, tanto a olvidar el fondo de la soberanía negociada como a introducir una praxis de interlocución que prefiguraba al conjunto de los gibraltareños – al instalárseles en el debate entre las partes constituidas en el Tratado de Utrech – poco menos que como sujeto de Derecho Internacional, cuando los derechos suyos son únicamente derechos individuales.

Desde tamaña torpeza se derivó desde un escenario de debate centrado sobre la soberanía de la Colonia – al que acompañaba el de la cooperación – al discurso inverso: el de los gibraltareños, reclamando competencias como supuestos sujetos de títulos soberanos sobre el Peñón. Y para más bochorno, hacían tal cosa los llanitos habiéndose metido en el talego el conjunto de concesiones funcionales hechas entonces por España , especialmente en el marco de las telecomunicaciones, lo que les permitió duplicar la estructura de su histórica actividad parasitaria sobre la economía española en general y sobre el Campo de Gibraltar en particular, mediante un contrabando de ida y vuelta. Es decir, el del tabaco y el hachis, y el del tráfico del dinero negro, con chiriguintos en constelación y remedando los paraísos fiscales del Caribe.

De momento, al parecer y para ir poniendo orden en las cosas, entre las primeras exigencias españolas ante Londres está la de exigir una presencia simétrica de los adláteres, con la incorporación a la mesa hispano-británica de negociaciones, de representantes del Campo de Gibraltar, cuyos soportes de soberanía no son otros que los de España, al igual que el de los llanitos no es otro que el británico, definidos ambos en el Tratado de Utrech.

Será en todo caso el momento de abordar la cuestión en su conjunto, el de la próxima visita de Mariano Rajoy a Londres, donde cuestionará la declaración de David Cameron ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en Estrasburgo en pro de la autodeterminación de los gibraltareños, manifstación que no deja de ser una pata de banco por parte del Premier, reiterando así lo expuesto por García Margallo a William Hague, en la que se recuerda que ni en el Tratado de Utrech (1713) ni en la doctrina de Naciones Unidas sobre descolonizaciones en supuestos así, se incluye referencia alguna a la autodeterminación del vecindario establecido en una colonia; tanto más cuanto que en caso de conflicto prevalece dentro de tal doctrina el principio de integridad territorial de las naciones sobre el de autodeterminación de los pobladores posteriormente establecidos en ellas.

A más abundamiento conviene señalar en la cuestión de Gibraltar que debe ser señalado el principio de legitimidad a la hora de dilucidar el de legalidad representado por el Tratado de Utrech; letra que, en todo caso, excluye la posibilidad de que el Reino Unido pueda transferir la soberanía a otra parte que no sea España.

La postura del Gobierno español se expresaría en dos puntos básicos: el de que Madrid y Londres tienen que volver a negociar sobre la soberanía, tal como se estableció en la Declaración de Bruselas de 1984, tal como se hizo y luego se dejó de hacer cuando Zapatero llegó a la Moncla, y el de que persiste la voluntad española de cooperación, bien que sumando a la presencia de los gibraltareños la de representantes de las poblaciones del Campo de Gibraltar.